Sentencia T-288 de 2026

T-288-26TEMAS-SUBTEMAS

Sentencia T-288/26

ACCIÓN DE TUTELA-Traslado arbitrario del trabajador afecta la unidad familiar/TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON RESPONSABILIDADES DEL CUIDADO-Protección

Las entidades públicas deben tener en cuenta las responsabilidades familiares cuando están evaluando si es necesario realizar traslados o reubicaciones, desde una perspectiva del derecho al cuidado.

DERECHOS A LA SALUD MENTAL Y AL TRABAJO DIGNO-Prevención, identificación y atención de los riesgos psicosociales

(…) los factores psicosociales pueden afectar el derecho a la salud mental de los trabajadores, por lo que los empleadores están llamados a identificarlos, prevenirlos y tratarlos en cada caso particular a partir de un enfoque integral que los involucre (…) La Fiscalía General de la Nación y la Compañía de Seguros Positiva vulneraron los derechos fundamentales a la salud y al trabajo en condiciones dignas y justas de la accionante por carecer de mecanismos eficaces de prevención de riesgos psicosociales.

EJERCICIO DEL IUS VARIANDI POR EMPLEADOR PRIVADO O PUBLICO-No puede desconocer derechos fundamentales de persona que presta un servicio público

ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA TRASLADO DE SERVIDOR PUBLICO-Procedencia excepcional

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA- Juez debe verificar si ante la existencia de otro medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN MATERIA DE TRASLADO DE SERVIDOR PUBLICO-Reglas

IUS VARIANDI-Alcance y límites/IUS VARIANDI-Manifestación del poder de subordinación que ejerce empleador sobre empleados que se concreta en la facultad de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio

DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR-Concepto

DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADOS DE ELLA-Protección constitucionalNIÑOS Y NIÑAS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION E INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Protección y prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás

DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA UNIDAD FAMILIAR-Reiteración de Jurisprudencia

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Estándar de protección

DERECHO HUMANO AL CUIDADO-Alcance y contenido

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Normatividad nacional e internacional

PROTECCION Y CUIDADO DE LOS NIÑOS-Contenido

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Evolución jurisprudencial

CUIDADO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD-Garantías

CUIDADOR-Definición

DERECHO AL CUIDADO-Feminización de la labor de cuidado familiar, mediante reproducción de estereotipos de género

DERECHOS DE LAS CUIDADORAS Y CUIDADORES-Garantías que deben ser aseguradas

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y GARANTÍA DE CUIDADO EN LA FAMILIA-Protección especial al rol de la mujer cuidadora

DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO-Deber de solidaridad entre la familia, la sociedad y el Estado

DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO-Protección constitucional

TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES-Recomendaciones de la OIT

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES-Instrumentos internacionales

NEURODIVERGENCIA Y DISCAPACIDAD-Distinción conceptual bajo el enfoque del modelo social

Desde la perspectiva del modelo social de discapacidad, los términos “neurodivergencia” y “discapacidad” no son sinónimos. Una persona neurodivergente no es necesariamente una persona con discapacidad (…) la discapacidad se “da solo a partir de la conjunción de características diferenciadas a largo plazo o deficiencias y barreras externas a la participación en la sociedad”.

EDUCACION-Derecho fundamental y servicio público con función social

DERECHO A LA EDUCACIÓN-Dimensiones

DERECHO A LA EDUCACIÓN-Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidadDERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Permanencia en el sistema educativo como parte de su núcleo esencial y la connotación de ser un derecho-deber que impone cargas mínimas

DERECHO A LA EDUCACIÓN-Componentes

EDUCACION INCLUSIVA-Concepto y alcance

DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA-Desarrollo legal de los procesos de inclusión escolar

EDUCACION INCLUSIVA-Ajustes razonables

DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA-Línea jurisprudencial

PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES EN EDUCACION INCLUSIVA-Alcance y contenido

DERECHO AL TRABAJO-Protección de la dignidad humana en las relaciones laborales

DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Alcance

DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Instrumentos internacionales de protección

DERECHO A LA SALUD-Fundamental

DERECHO A LA SALUD MENTAL-Protección constitucional e internacional

DERECHO A LA SALUD MENTAL-Concepto y alcance

DERECHO A LA SALUD MENTAL-Marco normativo

TRASLADO-Motivación

ACCIÓN DE TUTELA-Presunción de veracidad en materia de tutela cuando el demandado no rinde informe solicitado por el juez

REMEDIO JUDICIAL-Modulación mediante acuerdo entre las partes atendiendo las particularidades del caso

(…) el remedio judicial habitual de la Corte es dejar sin efectos la orden de traslado. Sin embargo, por las particularidades de este caso, la Corte consideró más apropiado que las partes lleguen a un acuerdo (…) aplicó una perspectiva de género y valoró el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Así, determinó que esta medida evita una mayor afectación de los derechos de los accionantes y atiende de mejor forma sus necesidades.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Primera de Revisión

SENTENCIA T-288 DE 2026

Referencia: Expediente T-11.903.838.

Acción de tutela presentada por Andrea y Martín contra la Fiscalía General de la Nación.Tema: Vulneración de los derechos a la unidad familiar, al trabajo en condiciones dignas y justas y a la salud por el traslado de una servidora pública, afectando también los derechos a la salud, cuidado y educación inclusiva de su hijo.

Magistrada ponente:

Natalia Ángel Cabo.

Bogotá D.C., 8 de septiembre de 2026.

Aclaración preliminar. La Corte dispuso anonimizar esta providencia debido a que (i) para resolver el caso la Sala se refirió a detalles de la historia clínica de la accionante y de su hijo, y (ii) en el texto de la providencia se hace referencia a un niño. Por lo tanto, se expedirán dos versiones de la providencia, de conformidad con la Circular 10 de 2022 de esta Corporación. La primera versión, que contiene el nombre real de la accionante, de su pareja, de su hijo y de terceros con interés, así como de los municipios, instituciones educativas y detalles de la historia clínica, se notificará a las partes. La segunda versión, anonimizada, se publicará en la página web.

***

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien la preside, y los magistrados Carlos Camargo Assis y Héctor Alfonso Carvajal Londoño[1], en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y en los artículos 32 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

Esta decisión se adopta en el trámite de revisión del fallo de primera instancia, proferido el 29 de septiembre de 2025 por el Juzgado 001 Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Municipio A (Departamento X), y de la decisión de segunda instancia, proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Departamento X, dentro de la acción de tutela interpuesta por Andrea en contra de la Fiscalía General de la Nación.

Síntesis de la decisiónEn esta sentencia, la Corte Constitucional estudió el caso de una servidora pública nombrada en provisionalidad en la Fiscalía General de la Nación, quien fue trasladada de Municipio A a Municipio B. Según la accionante, esta decisión vulnera sus derechos fundamentales y los de su hijo (un niño en el espectro autista) porque (i) en Municipio B su Entidad Promotora de Salud (EPS) no tiene la red de prestadores necesarios para tratar su epicondilitis y realizar las terapias al niño; (ii) ella es la cuidadora principal, y (iii) el traslado afectó las medidas que le permitían atender a su hijo mientras trabajaba e interrumpió la implementación de apoyos y ajustes razonables en su proceso educativo.

En sus consideraciones, la Corte abordó: (i) la línea jurisprudencial de esta Corporación sobre el derecho a la unidad familiar; (ii) los derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares frente al cuidado; (iii) el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes neurodivergentes a una educación inclusiva, y (iv) la relación que existe entre el derecho a la salud mental y al trabajo en condiciones dignas y justas.

Al estudiar el caso concreto, la Corte concluyó que la Fiscalía General de la Nación vulneró los derechos al cuidado y a la unidad familiar de la accionante y de su hijo. La entidad no reevaluó su reubicación luego de conocer sus afecciones de salud y su carga de cuidado. Esta decisión fue arbitraria e impuso una carga desproporcionada para la accionante y para su hijo. Por otra parte, la Sala determinó que la Fiscalía y la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Positiva Compañía de Seguros vulneraron los derechos fundamentales de la accionante a la salud y al trabajo en condiciones dignas y justas, debido a la ausencia de mecanismos eficaces para prevenir los riesgos psicosociales que, en el caso de la accionante, han afectado su salud mental.En consecuencia, esta Corporación protegió de forma transitoria los derechos fundamentales al cuidado y a la unidad familiar de la accionante y de su hijo, y suspendió los efectos del traslado a Municipio B. Para el efecto, le ordenó a la Fiscalía acordar con ella los tiempos y las condiciones para su retorno a Municipio A o a un municipio cercano, sin imponerle una mayor sobrecarga de trabajo. También amparó de forma definitiva el derecho fundamental a la salud de la accionante y su hijo, y le ordenó a la EPS continuar con la prestación de los servicios requeridos, asegurando que estos puedan ser prestados en otro municipio de ser necesario. Asimismo, la entidad deberá informar de manera clara sobre la red de prestadores que pueden atender dichos servicios en Municipio B. Por último, protegió de forma definitiva el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, por lo que le ordenó a la Fiscalía que, con apoyo de la ARL, establezca los ajustes necesarios para implementar las recomendaciones médicas que ha recibido la accionante. En ese sentido, le ordenó a la ARL diseñar un plan para mitigar los riesgos psicosociales que podrían afectar la salud mental de los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

I.                  ANTECEDENTES

1.                 El 11 de septiembre de 2025, Andrea interpuso una acción de tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación, en la que pidió el amparo de sus derechos fundamentales a la unidad familiar, a la salud y al trabajo[2].

1.            Hechos y pretensiones

2.                 La accionante manifestó que ejercía el cargo de fiscal 02 delegada ante la URI (Unidad de Reacción Inmediata) en Municipio A, hasta que, mediante la Resolución XXXXXX del 4 de agosto de 2025, la Fiscalía decidió reubicarla en el cargo de fiscal 01 delegada ante el CAVIF (Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar) de Municipio B. A su vez, se ordenó reubicar al señor Pedro, quien se desempeñaba como fiscal en Municipio B, en el cargo que la señora Andrea ocupaba en la URI de Municipio A[3].

3.                 La accionante manifestó su desacuerdo con esa decisión mediante un recurso de reposición, y en subsidio de apelación. A su juicio, la resolución carecía de motivación y era “arbitraria”[4]. En particular, la señora Andrea presentó tres argumentos.

4.                 En primer lugar, la accionante señaló que su hijo, Martín, de siete años de edad, “presenta una condición de salud que requiere atención especializada y continuidad en su tratamiento”[5]. En particular, indicó que Martín ha presentado “síntomas que se relacionan con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de alto funcionamiento”[6]. A su juicio, estas características causan que Martín requiera un “proceso educativo extremadamente complejo y especializado que no puede ser interrumpido sin causar un grave daño a su desarrollo integral”[7]. Señaló que el Colegio 1, institución donde estudiaba Martín al momento de interponer la acción de tutela, le brindaba los ajustes razonables necesarios para su proceso de aprendizaje.5.                 En segundo lugar, la accionante aseguró que a ella le diagnosticaron epicondilitis medial, por lo que inició un trámite para que calificaran la enfermedad como laboral. Además, su médico tratante le formuló una serie de recomendaciones médicas[8]. En tercer lugar, la señora Andrea argumentó que la decisión de reubicación fue resultado de un “ambiente laboral hostil” y un acto constitutivo de acoso laboral, porque la entidad la consultó con otros funcionarios involucrados, y no con ella[9].

6.                 La Fiscalía General de la Nación, a través de la Resolución No. XXXXXX del 29 de agosto de 2025, resolvió no reponer la decisión de reubicación y “negar por improcedente” el recurso subsidiario de apelación. En primer lugar, según la accionada, la reubicación se dio por necesidades del servicio, porque la planta de funcionarios de la Fiscalía es global y flexible. En segundo lugar, la entidad señaló que en “el momento de proferirse la Resolución cuestionada no reposaba documento alguno que acreditara [sus] circunstancias personales y familiares”[10]. En tercer lugar, agregó que las recomendaciones médicas podrían ser gestionadas en su nuevo cargo en Municipio B. Finalmente, sostuvo que la apelación era improcedente, ya que el acto se profirió mediante una delegación de la fiscal general de la Nación. Por tanto, en virtud del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, se entiende proferido por la autoridad máxima de la entidad y no admite la interposición de ese recurso[11].7.                 En la tutela, la señora Andrea indicó que EPS Sanitas, a la que se encuentran afiliados ella y su hijo, no presta sus servicios en el municipio de Municipio B, lo cual pone en riesgo la continuidad de los tratamientos ambos requieren. También aseguró que ella es la principal cuidadora de su hijo, ya que su esposo, Camilo, padre de Martín, es el subcomandante de la Estación de Policía de Municipio C, y en virtud de ese cargo, tiene una disponibilidad de “24 horas al día”[12]. Adicionalmente, afirmó que los funcionarios Rodrigo y Victoria tenían conocimiento del esquema de cuidado alrededor de su hijo[13].

8.                 En consecuencia, la accionante solicitó revocar la decisión de reubicación o que, en su defecto, se le reubique en alguno de los cargos disponibles en Municipio A. Como medida provisional, pidió suspender los términos para ejecutar la reubicación hasta que se profiriera sentencia en el proceso de tutela[14].

2.            Contestación de la accionada

9.                 En primer lugar, la Fiscalía General de la Nación señaló que motivó debidamente su decisión, ya que la accionante forma parte de una planta global y flexible. Además, la reubicación se ejecutó porque la URI de Municipio A tiene necesidades respecto a la investigación y el juzgamiento del delito de hurto, mientras que la accionante tiene más experiencia en casos de violencia intrafamiliar[15].

10.            En segundo lugar, la accionada argumentó que no se vulneró el derecho a la unidad familiar, ya que el esposo de la demandante tiene “dos días de permiso por cada quince laborados, razón por la cual el núcleo familiar estaba desintegrado antes de la reubicación”[16].11.            En tercer lugar, la Fiscalía señaló que no existe “documentación alguna que acreditara las circunstancias familiares y personales” que la accionante invocó para argumentar que la reubicación vulnera sus derechos fundamentales. Además, agregó que “no se evidencia la existencia de enfermedad, discapacidad o condición alguna [de su hijo] que impida su atención o que requiera un tratamiento que no pueda mantenerse con ocasión de la reubicación de su madre al Municipio B” [17].

12.            Finalmente, la accionada señaló que, si la accionante consideraba que el acto administrativo que ordenó su reubicación carecía de motivación, podía controvertirlo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por ende, solicitó declarar improcedente la acción de tutela[18].

3.            Decisiones objeto de revisión

Primera instancia

13.            El 29 de septiembre de 2025, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Municipio A concedió un amparo transitorio y ordenó a la Fiscalía General suspender la reubicación. Señaló que la suspensión estaría vigente hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronunciara sobre el caso, siempre que la accionante presentara una demanda dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del fallo[19].14.            El juzgado indicó que, conforme a la Sentencia T-001 de 2024, en casos de traslado de funcionarios públicos, la tutela procede como mecanismo transitorio para evitar perjuicios irremediables “en situaciones donde se evidencie una imposición de cargas desproporcionadas e irrazonables para el accionante y su familia”[20]. Asimismo, indicó que, conforme a la Sentencia T-075 de 2017, “en los casos en que se toman decisiones de traslados, deben ponderarse especialmente las condiciones familiares y de salud de los hijos, donde se le garanticen su estabilidad emocional, educativa y médica”[21]. Con base en estos precedentes, señaló que Martín requería “culminar su año escolar en la institución especializada que atienda sus necesidades especiales”[22].

Impugnación

15.            El 1º de octubre de 2025, la Fiscalía General impugnó la sentencia de primera instancia. En su memorial, argumentó que no existía un perjuicio irremediable, ya que “la situación de su hijo (…) no es grave ni de alta complejidad por lo cual puede continuarse con esa educación especial y con los tratamientos psicológicos en el municipio de Municipio B”[23]. También aseguró que la entidad “ha ofrecido alternativas para garantizar la continuidad de la atención en salud y terapias en la nueva sede o en municipios cercanos, lo cual descarta la inminencia o incluso existencia de un daño a los derechos a la salud y a la educación”[24].

Segunda instancia

16.            El 13 de noviembre de 2025, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Departamento X revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, la declaró improcedente. El tribunal señaló que el medio de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo era eficaz, porque tiene un régimen de medidas cautelares, incluida la suspensión provisional[25].17.            De otra parte, el tribunal agregó que en el expediente no existía material probatorio “que indique que los quebrantos de salud que padece la [accionante] [...] y que los síntomas relacionados con el trastorno del espectro autista (TEA) de alto funcionamiento que presenta su hijo [...] no puedan ser atendidos en el Municipio B o la existencia de una circunstancia que impida que el [niño] [...] culmine sus estudios en esa institución hasta tanto se adecúe y habitúe en Municipio B”[26].

4.            Actuaciones ante la Corte Constitucional

18.            El 30 de abril de 2026[27], la Sala de Selección de Tutelas No. 4 de la Corte Constitucional seleccionó el expediente de la referencia para su revisión y, en la misma sesión, lo asignó por sorteo a la magistrada Natalia Ángel Cabo[28].

19.            El 12 de junio de 2026, la magistrada sustanciadora profirió un auto[29] en el que resolvió: (i) ordenar la vinculación de Pedro, la EPS Sanitas y Positiva Compañía de Seguros; (ii) indagar por la situación actual de los miembros del núcleo familiar de la accionante, sus condiciones de salud y laborales, y la precisión de varios de los hechos, e (iii) invitar a intervenir a diversas organizaciones, dadas las características del caso. Por una parte, invitó a entidades con experiencia sobre los ajustes razonables que requieren las niñas, los niños y los adolescentes neurodivergentes (en particular, quienes se encuentran en el espectro autista) para continuar sus procesos de aprendizaje en ambientes seguros y en condiciones de igualdad. Por otra parte, convocó a organizaciones expertas en el derecho al cuidado, para que se pronunciaran sobre el rol de las cuidadoras y las dificultades para asumir tanto “trabajo productivo” como el “trabajo reproductivo”[30].20.            La siguiente tabla sintetiza las respuestas de la parte accionada, de los vinculados, de las entidades y de los particulares a quienes se les ordenó remitir un informe, así como de las organizaciones invitadas. En lo pertinente, estas se desarrollarán con mayor detalle en las consideraciones de la sentencia.

Tabla 1. Intervenciones en sede de revisión

Accionante

Andrea[31]

La accionante señaló que actualmente se desempeña como fiscal 01 de la Unidad CAVIF de la Fiscalía de Municipio B (Departamento X). Añadió que su hijo está bajo su cuidado, toda vez que su pareja, desde que fue llamado a calificar servicios, es el cuidador de sus padres en el municipio de Municipio D (Departamento Y).

Respecto de Martín, señaló que el niño fue diagnosticado con “autismo de alto funcionamiento”[32] y le fueron ordenadas varias terapias a la semana: dos de fonoaudiología, dos de terapia ocupacional, dos de rehabilitación cognitiva, dos de psicología individual y una de psicología familiar (esta última una vez cada dos semanas), así como controles con neurología. Adjuntó certificados y órdenes médicas que soportan estas afirmaciones. Su neuropediatra indicó que el niño “presenta un Trastorno del Espectro Autista de Compromiso Leve (Nivel 1) por lo que requiere un proceso de inclusión escolar en aula regular con Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR)”[33]. Adjuntó, además, su certificado de discapacidad.

Indicó que Martín ahora estudia en el Colegio 2 del Municipio B. Agregó que en esa institución el niño recibe ajustes razonables, pero resaltó que en el Colegio 1 (en Municipio A, en el que estudiaba antes) tiene grupos más pequeños y un programa de inclusión más robusto.De otra parte, actualizó la información sobre su propio diagnóstico. Explicó que se le diagnosticó “epicondilitis medial, epicondilitis lateral y [...] un túnel de carpo leve, todo en el brazo derecho”[34], cuyo origen no ha sido calificado. Adjuntó el examen médico del túnel del carpo. También advirtió que, como consecuencia de la reubicación, su salud mental se ha visto afectada, por lo que ha recibido recomendaciones médicas adicionales por parte de su psiquiatra tratante.

Según el certificado médico que adjuntó, la psiquiatra diagnosticó “trastorno adaptativo secundario a estresores laborales y familiares”[35], le formuló la ingesta diaria de 30 mg de mirtazapina (un antidepresivo) y emitió, entre otras, las siguientes recomendaciones médicas[36]:

·         “Mantener jornada laboral sin exceder el horario estipulado en su contrato”. ·         No agendar turnos nocturnos. ·         “Realizar pausas de recuperación por cada media jornada de tiempo”. ·         “Permitir los permisos para asistir a las citas médicas por psicología y psiquiatría”. ·         “En lo posible no trasladar de municipio para favorecer asistencia a citas e intervenciones terapéuticas”. ·         “Se sugiere a su jefe directo evaluar la carga laboral, tanto cuantitativa como cualitativa, teniendo en cuenta la condición de salud de la paciente. De modo tal, que su carga laboral pueda desarrollarse durante su jornada laboral”. ·         “Conforme a la normatividad vigente, el funcionario debe ser valorado por salud ocupacional de su empleador (Decreto 2346 de 2007) para determinar las recomendaciones laborales que consideren pertinentes”.Al respecto, adjuntó el acta de una reunión realizada el 24 de marzo de 2026 por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía. En ella, se socializaron las medidas preventivas y se determinó que “[l]a solución de fondo requiere una decisión de nivel directivo, se concluye que es pertinente el envío de solicitudes formales, soportes médicos y actas por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la eventual articulación con instancias administrativas superiores, para lograr una solución efectiva”[37].

De otra parte, afirmó que ella y su hijo están afiliados a la EPS Sanitas y que cuentan con un plan complementario premium. Indicó que en Municipio B, a diferencia de Municipio A, no cuentan con la red de instituciones prestadoras de salud (IPS) que requieren, pues en dicho municipio la EPS solo presta servicios de urgencias.

Finalmente, señaló que el 12 de marzo de 2026 interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la decisión de reubicación, de la cual conoce el Juzgado XXX Administrativo de Municipio G, sin que a la fecha haya sido admitida la demanda o se hayan decretado medidas cautelares[38].

Posteriormente, el 15 de julio de 2026, la accionante radicó un segundo memorial en el que explicó los cargos que ha desempeñado en la Fiscalía en calidad de encargo. Señaló que el 13 de julio, al reintegrarse de sus vacaciones, su hijo presentó un cuadro de gastroenteritis y debió llevarlo de urgencias al hospital. Como no contaba con una red de apoyo, solicitó calamidad doméstica[39].

Accionada

Fiscalía General de la Nación

A través de la Secretaría General de esta Corporación, se recibieron tres respuestas a los requerimientos indicados en el auto señalado en el párrafo 19.

En primer lugar, en un memorial remitido por el director (e.) de la Dirección Seccional de Departamento X[40], se indicó que[41]:i.        Desde el 1 de enero de 2025, se han proveído en los municipios de Municipio A, Municipio E y Municipio F un total de 40 nombramientos en cargos con el mismo nivel jerárquico. De estos, 22 han sido realizados en provisionalidad. Adicionalmente, en ese lapso se nombraron siete fiscales adscritos al CAVIF de Municipio A, de los cuales tres están en provisionalidad y tres en encargo. ii.      Aclaró que la alternativa de reubicación temporal a la que se refirieron en la impugnación de la tutela consistía en trasladar a la accionante a otro cargo en municipios aledaños a Municipio A, medida que no ha sido ordenada por ninguna autoridad judicial. iii.    Remitió estadísticas sobre las noticias criminales relacionadas con los delitos de hurto y de violencia intrafamiliar, que comparan la comisión de estas conductas en Municipio A y Municipio B entre 2023 y 2026. En estas cifras se observa que las noticias criminales por violencia intrafamiliar han disminuido en Municipio B hasta 2025, mientras que en Municipio A han aumentado de forma sostenida año tras año. En paralelo, las noticias criminales por hurto se han incrementado en ambos municipios. iv.    También indicó que consultó a la Subdirección Regional de Apoyo Central si existía constancia en la hoja de vida de la accionante sobre recomendaciones médicas o responsabilidades de cuidado, y señaló que solo hay una novedad respecto de las recomendaciones médicas con vigencia desde el 1º de octubre de 2025. v.      Finalmente, agregó que la Fiscalía “ha adoptado medidas administrativas razonables y proporcionales orientadas a atender su condición actual y a garantizar el adecuado ejercicio de sus funciones”[42]. Como ejemplos, precisó que a la accionante no se le agendan turnos nocturnos y que “han adoptado medidas concretas, razonables y pertinentes encaminadas a garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones”[43].En segundo lugar, la Subdirección Regional de Apoyo Central[44] remitió un memorial con la siguiente información[45]:

i.      Señaló que la accionante y el señor Pedro están vinculados en provisionalidad, y remitió sus hojas de vida y constancias de servicios. La constancia de la accionante indica que entre el 1º de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017 se desempeñó como asistente de fiscal adscrita a la Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana. Por su parte, la hoja de vida y la constancia de servicios del señor Pedro no detallan que tenga alguna especialidad en la investigación de cierto tipo de delitos. ii.    Las recomendaciones médicas, formuladas el 1º de octubre de 2025 por la especialista en salud ocupacional Pedro y señaladas por los profesionales de la salud que tratan a la accionante, fueron socializadas con sus superiores jerárquicos el 6 de octubre y el 16 de diciembre en su antiguo y nuevo sitio de trabajo, respectivamente. iii.  El 15 de abril del presente año, la accionante interpuso una queja de acoso laboral en contra de otra servidora de la Fiscalía[46]. iv.  En virtud de la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Fiscalía cuenta con la Resolución 2-0889 del 15 de marzo de 2010, que estableció el Programa de Promoción de la Salud Mental y el Protocolo de Intervención y Manejo Personal de Factores de Riesgo Psicosocial. En desarrollo de este programa, se han impartido varios talleres y jornadas en la Dirección Seccional de Departamento X, y se ha dispuesto de servicios de “consultoría psicológica, las intervenciones individuales y grupales, el acompañamiento por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actuaciones del Comité de Convivencia Laboral”[47]. v.    La quejas de acoso laboral están siendo tramitadas por el Comité de Convivencia Laboral[48].En tercer lugar, la Subdirección de Talento Humano[49] señaló que el cargo que ocupan la accionante y el señor Pedro no fue ofertado en ningún concurso de méritos. Ambos participaron en el Concurso de Méritos FGN 2024 y ocupan las posiciones XXX y XXXX, respectivamente, en la lista de elegibles; pero solo podrán ser nombrados cuando se cubran primero las 448 vacantes disponibles[50].

Vinculados

Pedro[51]

Señaló que la reubicación, mediante la cual él y la accionante fueron intercambiados de cargo, se hizo efectiva el 18 de noviembre de 2025 y que, desde entonces, ejerce el cargo de fiscal 02 adscrito a la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de Municipio A.

EPS Sanitas[52]

En primer lugar, la EPS señaló que tanto la accionante como su hijo están afiliados al régimen contributivo en esa institución y cuentan con un plan complementario premium. En segundo lugar, desde 2024 la accionante ha utilizado 22 servicios, entre citas médicas, exámenes diagnósticos y entrega de medicamentos, todos en Bogotá o en Municipio A. En tercer lugar, Martín ha recibido en el mismo periodo más de 50 atenciones, incluidas terapias de rehabilitación. En cuarto lugar, señaló que el origen de la epicondilitis no ha sido determinado. Finalmente, indicó que la accionante no ha utilizado ninguna prestación de la EPS para tratar esta enfermedad.

No obstante, la EPS no respondió, entre otras, la pregunta del despacho sustanciador acerca de cuáles IPS en Municipio B podrían cubrir esos servicios.

ARL - Compañía de Seguros Positiva[53]

La administradora de riesgos laborales señaló que, aunque tiene reportados dos accidentes de trabajo previos, no tenía noticia de la epicondilitis de la accionante. Por lo tanto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela. No obstante, no respondió los interrogantes (d), (g) e (i) formulados en el auto de pruebas.

Personas o entidades a las que se le ordenó remitir informes

IPS 1[54]Señaló que Martín ha acudido al Instituto a dos “atenciones médicas por servicio ambulatorio en las especialidades de Neuropsicología”[55], en dos entrevistas: una en mayo de 2024 y otra en febrero de 2026. Agregó que, según sus registros, “no es posible determinar de forma afirmativa o concluyente un perfil específico de neurodivergencia con un grado de certeza absoluto”[56], por lo que “[l]a caracterización actual del paciente [...] cuenta un carácter estrictamente preliminar”[57].

IPS 2

No se pronunció.

IPS 3

Indicó que Martín ha sido atendido en el servicio de psiquiatría en dos ocasiones. Explicó que, conforme a sus registros, todavía es preliminar determinar que el niño está en el espectro autista. Agregó que Martín requiere “un proceso terapéutico integral e interdisciplinario, el cual comprende acompañamiento y manejo por las áreas de terapia ocupacional, psicología y terapia de lenguaje, con el propósito de favorecer su desarrollo funcional, cognitivo, conductual y comunicativo”.

Colegio 1

No se pronunció.

Policía Nacional[58]

La entidad señaló que Camilo, padre de Martín, “fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional el 22 de septiembre de 2025”[59].

Rodrigo

Director (e) Seccional de Departamento X

Señaló que la accionante solo informó a la Fiscalía acerca de la neurodivergencia de su hijo con el recurso de reposición contra el acto administrativo de reubicación.

Adicionó que la accionante, así como otros tres servidores, interpusieron una queja de acoso laboral en su contra tras la reubicación. Aseguró que las reubicaciones se fundamentaron en las necesidades del servicio, sin la finalidad de “menoscabar la dignidad, integridad o condiciones laborales de los servidores [denunciantes]”.

Victoria[60]

Asesora de la Dirección Seccional de Departamento XSeñaló que “no tenía conocimiento detallado de las circunstancias personales, médicas y familiares invocadas”[61] por la accionante en la tutela. Añadió que “[ú]nicamente tenía conocimiento de manera general, a partir de manifestaciones realizadas por la misma funcionaria en espacios laborales y en presencia de otros servidores, de que era madre de un [niño] y que el padre del mismo es servidor de la Policía Nacional” [62].

Invitados

Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario[63]

La clínica jurídica argumentó que la tutela es procedente porque se configura un perjuicio irremediable. Explicó que la reubicación podría causar daños inminentes debido a la interrupción de tratamientos médicos y a la ruptura en la red de cuidado. Además, indicó que la medida es urgente, ya que las afectaciones suceden inmediatamente después de la reubicación, e impostergable, puesto que la espera al medio procesal ordinario generaría una lesión consumada en los derechos fundamentales de la accionante y de su hijo. A su juicio, la procedibilidad debe analizarse partiendo de que el “riesgo constitucional consiste en la posible ruptura de una combinación específica de condiciones que, según lo alegado, venían garantizando el bienestar del niño: continuidad terapéutica, ajustes razonables escolares, acompañamiento cotidiano de su madre y estabilidad familiar”[64].De otra parte, advirtió que la Fiscalía tenía el deber constitucional de analizar si la “[r]egla general de movilidad laboral” propia de las plantas globales y flexibles “produce efectos específicos sobre personas que requieren protección reforzada”[65]. Este examen, a juicio de la Clínica, “[s]e debe realizar desde un enfoque interseccional” [66], teniendo en cuenta que la Constitución establece que los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los demás, así como la neurodivergencia del hijo de la accionante. Sobre este punto, agregó que se debe considerar “la interacción entre las características de la persona y las barreras existentes en su entorno”[67], de forma que la intervención estatal se dirija a “garantizar apoyos y adoptar ajustes razonables en los ámbitos educativo, médico, familiar y social” [68]. Asimismo, la organización indicó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la atención requerida no puede condicionarse a un diagnóstico certero, sino a la necesidad misma del cuidado.

Adicionalmente, señaló que la reubicación dificulta la aplicación de ajustes razonables, pues el niño “depende de una red de cuidado organizada principalmente alrededor de su madre; y la reubicación puede incidir en la continuidad de servicios de salud, terapias y educación inclusiva”[69]. Por ende, afirmó que la Fiscalía debió reponer el acto administrativo y no podía “limitarse a afirmar la existencia de una planta global y flexible, pues una vez conoció las circunstancias familiares alegadas, tenía el deber de verificar si la reubicación podía afectar de manera desproporcionada la estabilidad y el desarrollo integr[al]”[70] de Martín.

Por lo tanto, solicitó revocar los fallos de instancia y tutelar los derechos de la accionante.

Asociación de personas con autismo (APA)[71]Respecto del niño, señaló que “los cambios de rutina en cualquier contexto (hogar, institución educativa, cambios de ciudad, espacios terapéuticos u otros entornos sociales) [...] pueden generar un impacto significativo en niños con TEA (trastorno del espectro autista), especialmente cuando ocurren de manera abrupta o sin procesos previos de preparación y acompañamiento”[72]. Por ende, recomendó “implementar procesos de transición gradual mediante anticipación del cambio, uso de apoyos visuales, mantenimiento de referentes conocidos, acompañamiento emocional y articulación entre familia, institución educativa y equipo terapéutico”[73].

Respecto de la accionante, afirmó que el hecho de ser la principal cuidadora “[genera] una elevada carga física, emocional y cognitiva que modifica sustancialmente las rutinas y los roles de la cuidadora”[74]. Por esa razón, las madres cuidadoras “requieren apoyos integrales que incluyan programas de respiro familiar, redes de apoyo formales e informales, intervenciones psicoeducativas, acceso a servicios de salud mental, políticas laborales flexibles y acompañamiento desde terapia ocupacional” [75].

Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada[76]

Respecto del caso concreto, indicó que es necesario “asumir que como sociedad también somos corresponsables de brindar el cuidado y hacer una apuesta significativa por la redistribución de estos trabajos”[77]. Adicionó que “el simple traslado del lugar de trabajo implica por sí solo la pérdida de las redes de cuidado y afecta las decisiones que sobre el mismo ya había tomado la mujer, como lo es la inclusión en un programa educativo adecuado”[78].Finalmente, añadió que la Corte debería evitar asumir una teoría del caso según la cual “un niño con autismo es solamente sujeto de cuidados”, puesto que esta es “una visión individualista de la discapacidad que le quita agencia a él como sujeto y que contribuye a desvalorizar los aportes que hacen estas personas en la construcción de una sociedad más diversa, amplia y compleja”[79].

Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas (GAPI) de la Universidad ICESI[80]

En primer lugar, señaló que “[la] identificación del perfil de neurodivergencia no exige un diagnóstico médico definitivo para activar las obligaciones constitucionales de protección en el ámbito educativo. Basta con que existan indicadores funcionales que permitan advertir barreras para el aprendizaje, la participación o la interacción escolar, de manera que la institución educativa esté en capacidad de implementar apoyos pedagógicos provisionales y ajustes razonables mientras avanza el proceso de caracterización interdisciplinaria”[81]. Esto porque “desde el punto de vista médico resulta contrario a la buena práctica clínica exigir que el niño espere la conclusión del proceso diagnóstico para recibir apoyos educativos”[82]. Por el contrario, “[l]os ajustes razonables constituyen medidas dinámicas, susceptibles de modificarse conforme evoluciona el conocimiento del perfil del estudiante”[83].Desde esa perspectiva, “[e]l cambio de ciudad no implica únicamente cambiar de colegio. Implica reconstruir un proceso que tomó meses —e incluso años— consolidar, la familia deberá, nuevamente identificar una institución con capacidad real para desarrollar procesos de educación inclusiva; sensibilizar a directivos y docentes sobre el perfil funcional del niño; aportar informes médicos, psicológicos y pedagógicos; gestionar reuniones interdisciplinarias; promover la articulación entre el sector educativo y el sector salud; participar en una nueva caracterización pedagógica; construir un nuevo PIAR ajustado al contexto institucional; acompañar emocionalmente al niño durante el proceso de adaptación y verificar permanentemente que los ajustes razonables realmente se implemente[n]”[84]. Para la madre, “[r]epresenta una carga extraordinaria que, conforme lo evidencia la literatura nacional e internacional sobre organización social del cuidado, suele recaer de manera desproporcionada sobre la madre cuidadora”[85]. Para el niño, “[implica] la preservación de un conjunto de condiciones pedagógicas, relacionales e institucionales que son funcionales para ese niño particular”[86].

Proyecto Digna de la Universidad de los Andes[87]

Indicó que, conforme al Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado tiene el deber de “adoptar medidas dirigidas a garantizar que las personas con responsabilidades familiares puedan acceder, permanecer y progresar en el empleo sin ser objeto de discriminación por razón de dichas responsabilidades”[88].Respecto del caso concreto, afirmó que “[l]a decisión de reubicar a la accionante no solo incidía sobre sus condiciones de empleo, sino también sobre una organización de cuidado previamente consolidada alrededor de un niño que requiere atención médica, terapéutica y educativa especializada”[89]. Por lo tanto, a su juicio, en este caso, la Fiscalía incumplió su obligación, pues “[t]iene el deber de valorar el impacto que la decisión puede generar sobre esa red, explorar alternativas menos gravosas cuando estas existan y motivar de manera suficiente las razones por las cuales la medida adoptada resulta”[90].

Fundación Saldarriaga Concha[91]

Indicó que “la ausencia de un diagnóstico definitivo o de la certificación de discapacidad no puede constituirse en un requisito restrictivo para que las instituciones educativas implementen los apoyos que requiera un estudiante”[92]. En cambio, precisó que “las instituciones educativas tienen el deber de identificar las barreras para el aprendizaje y la participación mediante la valoración pedagógica y de adoptar oportunamente las medidas de apoyo que resulten necesarias para garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes”[93].

Asdown Colombia[94]

A juicio de la asociación, el debate en este caso trasciende a si se podía ordenar el traslado o no. Por el contrario, se centra en si la accionada “ejerció dicha facultad con observancia de los derechos fundamentales del niño involucrado”[95]. Al respecto, recordó que la jurisprudencia de la Corte establece que “las decisiones de traslado deben considerar la situación concreta del servidor y de su núcleo familiar, especialmente cuando están comprometidos derechos fundamentales de terceros pertenecientes a grupos constitucionalmente protegidos”[96].Para los niños en el espectro autista, “[l]as barreras existentes en el entorno y [...] la ausencia de apoyos adecuados”[97] requieren medidas particulares. Se precisa “la existencia de rutinas estables, la continuidad de los procesos educativos, la continuidad de apoyos terapéuticos, las redes familiares disponibles, la presencia de cuidadores principales[,] y las condiciones de inclusión social y comunitaria”[98]. Lo anterior, con el fin de “[g]arantizar el bienestar y la participación efectiva del niño en igualdad de condiciones”[99]. Por lo que, a su juicio, “una decisión administrativa que altere significativamente dichos apoyos no puede justificarse únicamente mediante consideraciones generales relacionadas con las necesidades del servicio”[100].

Por eso, indicó que antes de decidir sobre un traslado, se debe analizar “la existencia de alternativas menos gravosas, la posibilidad de reubicaciones distintas, [los] mecanismos de flexibilización administrativa[,] y [las] soluciones que permitan armonizar las necesidades del servicio con los derechos del niño”[101].

Clínica Jurídica Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis)[102] de la Universidad de los Andes

La clínica jurídica argumentó que la neurodivergencia del niño “[s]e expresa como una discapacidad que requiere de ajustes razonables y apoyos activos en su entorno académico”[103]. En consecuencia, “las herramientas desarrolladas para la atención de las personas con discapacidad, en relación con la educación inclusiva, le aplican plenamente”[104].Además, la interviniente distinguió “[entre] la valoración médica, que busca identificar la existencia y el tipo de discapacidad, y la valoración pedagógica, que busca identificar las barreras visibles e invisibles del entorno educativo”[105]. Señaló que los ajustes razonables son el resultado del trabajo colaborativo entre el estudiante, la institución educativa y sus cuidadores. En Colombia, estos se manifiestan a través del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR). Este instrumento debe incluir “la descripción del contexto en que se desenvuelve el estudiante dentro y fuera del aula, objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar, y los ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año lectivo”[106].

Para el caso de Martín, advirtió que “sin claridad sobre la disponibilidad de herramientas equivalentes y que atiendan a la misma calidad de la educación [...] en Municipio B, dejar el [c]olegio en el que se encuentra actualmente podría significar un retroceso en […] sus metas de aprendizaje y constituir, precisamente, una barrera más que debería prevenirse”[107]. Por esa razón, la Fiscalía “no solo [debía] verificar la existencia de un cupo escolar en el municipio de destino, sino también que la nueva institución estuviera en capacidad de garantizar la continuidad de los apoyos pedagógicos previamente identificados mediante un PIAR o un instrumento equivalente”[108].Finalmente, concluyó que “la sola existencia de instituciones educativas en Municipio B [...] no satisface por sí sola el derecho a la educación [del niño]”[109]. Esto ocurre porque el acceso formal a una institución “dista del aprendizaje efectivo, de la garantía de una educación de calidad, o aceptable, y de la real permanencia educativa para el estudiante con discapacidad”[110]. Por tanto, “no basta con que exista un cupo disponible en una institución del municipio de destino, ya que dicha institución debe ofrecer condiciones pedagógicas y de acompañamiento pertinentes para sus necesidades”[111].

Liga Colombiana de Autismo[112]

Señala que existen “profundas asimetrías institucionales” en la “implementación práctica” del Decreto 1421 de 2017[113]. Relató que, en la experiencia de su organización, “los municipios periféricos o fuera de las grandes áreas metropolitanas [...] presentan importantes barreras en materia de accesibilidad cognitiva y en la capacitación docente sobre los ajustes razonables del entorno”[114].

Afirmó que, desde la perspectiva de una persona autista, “el procesamiento del entorno [...] está intrínsecamente ligado a la predictibilidad, las rutinas estructuradas y la estabilidad de sus redes de apoyo”[115]. Señaló que “[l]a ruptura de este ecosistema adaptativo puede generar un impacto regresivo en el desarrollo cognitivo y emocional del [niño]”[116]. Indicó que “cualquier medida de reubicación laboral de la cuidadora principal debe estar condicionada a un proceso de transición planificado, progresivo y previamente concertado”[117], así como a “un término prudencial y mediado para estructurar programas de anticipación visual y social que le permitan al niño procesar la mudanza residencial, así como el cambio de su entorno comunitario, sin menoscabar su calidad de vida, su estabilidad emocional y la salud mental de su núcleo familiar”[118].

II.               CONSIDERACIONES

1.            Competencia

21.            La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones adoptadas en el marco del proceso de tutela de la referencia, de conformidad con el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política y los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2.     Procedencia de la acción de tutela

22.            El artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 5 y 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 señalan que la acción de tutela solo es procedente cuando las partes tienen legitimación, y se satisfacen los principios de inmediatez y subsidiariedad.

Legitimación en la causa por activa

23.            El artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 señala que la acción de tutela podrá ser presentada por quien sea titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. En este caso, se cumple la legitimación en la causa por activa porque la acción fue interpuesta a nombre propio por Andrea, la servidora pública afectada por la decisión de reubicación.

24.            Adicionalmente, en la demanda, la accionante señaló que el traslado afectaba los derechos fundamentales de su hijo y pidió amparar los derechos de ambos. En este sentido, aunque la señora Andrea no incluyó expresamente a su hijo como parte accionante, a la Sala le corresponde interpretar la demanda para fijar adecuadamente el objeto del litigio[119]. En este caso, la interpretación conjunta de los hechos y las pretensiones muestra que la tutela también fue presentada a nombre de Martín, quien está legitimado en la causa por pasiva porque, como su representante legal, su madre está legitimada para reclamar la protección de sus derechos fundamentales[120].

Legitimación en la causa por pasiva

25.            Este requisito “hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, al estar llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en el evento en que esta se acredite en el proceso” [121]. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991 indican que la acción de tutela podrá ser interpuesta, por regla general, en contra de autoridades públicas que vulneren o amenacen derechos fundamentales, y en contra de particulares cuando estos presten un servicio público, el accionante se encuentre en estado de indefensión o subordinación respecto de ellos, o afecten directamente un interés colectivo.

26.            En este caso, la accionada, la Fiscalía General de la Nación, tiene legitimación en la causa por pasiva porque es la autoridad pública que emitió y ejecutó el acto administrativo de traslado, el cual generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante y de su hijo. Los vinculados Sanitas EPS, la ARL Compañía de Seguros Positivos y Pedro también tienen legitimación en la causa por pasiva.27.            Por una parte, Sanitas EPS tiene legitimación en la causa porque es un particular que presta un servicio público. Según el artículo 49 de la Constitución Política, “el servicio público de salud se encuentra en cabeza del Estado, quien tiene la responsabilidad de organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes, así como de establecer las políticas para la prestación del servicio por las entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control” [122]. Conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993 y al artículo 15 de la Ley 1751 de 2015, esta entidad tiene a su cargo el aseguramiento de las contingencias derivadas de las enfermedades de la accionante, mientras que estas no sean calificadas como de origen laboral[123]. La accionante se encuentra afiliada a Sanitas EPS y en la demanda de tutela aseguró que en su actual lugar de residencia experimenta barreras para acceder a instituciones prestadoras de servicios de salud que le presten servicios a ella y a su familia, por lo que esta entidad “[podría] estar [llamada] a responder por la presunta vulneración del derecho a la salud” de la accionante y de su hijo[124].28.            Por otra parte, Positiva Compañía de Seguros es una administradora de riesgos laborales, por lo que, en virtud del artículo 8 de la Ley 100 de 1993, pertenece al sistema de seguridad social integral. Como tal, tiene tres responsabilidades. En primer lugar, conforme a la Ley 1616 de 2013, las administradoras tienen el deber de promover la salud mental en espacios laborales y de identificar riesgos psicosociales, lo que incluye “el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores”[125]. En segundo lugar, conforme al parágrafo de esa disposición, adicionado por el artículo 9 de la Ley 2460 de 2025, esa entidad tiene el deber de “acciones de prevención, sensibilización, orientación y control de factores” de esta clase de riesgos.

29.            Finalmente, Pedro tiene legitimación en la causa por pasiva, pues se trata de un tercero con interés. Según la jurisprudencia[126], cualquier persona que pueda verse afectada por las órdenes proferidas en la sentencia debe poder intervenir en la tutela “con el fin de que se [le] asegure la protección de sus derechos”[127]. Como se explicó en el párrafo 2, Pedro ocupaba el cargo que ahora ejerce la accionante, y ella se desempeña en el puesto que él tenía antes.

Inmediatez

30.            Este principio “le impone al tutelante el deber de formular la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales que permita la protección inmediata del derecho fundamental presuntamente transgredido y/o amenazado”[128]. En este caso, entre la presentación de la acción de tutela (11 de septiembre de 2025) y la fecha de expedición del acto administrativo que, según la accionante, generó la vulneración de derechos fundamentales (4 de agosto de 2025), transcurrieron 37 días. A juicio de la Sala Primera de Revisión, este plazo es razonable para interponer una tutela, por lo que se satisface el requisito de inmediatez.

Subsidiariedad

31.            El artículo 86 de la Constitución y el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 sostienen que la tutela solo es procedente cuando no exista otro mecanismo judicial idóneo para la defensa de los derechos fundamentales, salvo que de forma excepcional se acredite la existencia de un perjuicio irremediable.

32.            Basándose en esta normativa, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que existen dos supuestos. En primer lugar, la tutela podría proceder como mecanismo definitivo cuando “no existen mecanismos judiciales ordinarios a través de los cuales la parte accionante pueda exigir la protección de sus derechos fundamentales”[129] o, por alguna razón, estos no son idóneos (“apto[s] para producir el efecto protector de tales derecho[s]”[130]) o eficaces (“diseñado[s] para protegerlos de manera oportuna”[131]) para lograr la protección de esos derechos.33.            En segundo lugar, podría ser procedente como un mecanismo transitorio, cuando se presente un perjuicio irremediable. La jurisprudencia ha definido que esto sucede cuando el (i) el perjuicio es inminente, “lo que implica que el daño ‘está por suceder en un tiempo cercano’”; (ii) las medidas para evitar la afectación de los derechos fundamentales son urgentes; (iii) se puede configurar un perjuicio grave; y (iv) las órdenes por proferir tienen carácter impostergable. En los casos en los que la tutela proceda como mecanismo transitorio, “la protección se extenderá hasta que se profiera una decisión definitiva por el juez ordinario”[132].

34.            Tratándose de las decisiones de traslado o reubicación de servidores públicos, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que, en principio, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo para controvertir actos administrativos de carácter particular que tomen esta clase de decisiones[133], por lo que, por regla general, las tutelas que pretendan cuestionar dichos actos son improcedentes[134]. No obstante, esta Corporación ha aceptado que en aquellos casos en los que “existan situaciones excepcionales que amenacen de forma grave los derechos del trabajador o de su núcleo familiar”, la tutela procede de forma excepcional[135]. La Corte ha señalado que esas situaciones excepcionales son las siguientes:

Tabla 2. Supuestos en los que procede la acción de tutela ante un acto de traslado[136]

Regla

Particularidades

(i)                Es ostensiblemente arbitrario.

Es decir, se adoptó sin consultar en forma adecuada y coherente las circunstancias particulares del trabajador e implique una desmejora de sus condiciones de trabajo.

(ii) Afecta de una forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar.a.                  La decisión sobre traslado laboral genera serios problemas de salud, especialmente porque en la localidad de destino no existan las condiciones para brindar el cuidado médico requerido. No basta con la simple afirmación, sino que esta circunstancia debe estar acreditada en el expediente. Además, en el expediente debe estar probado que el lugar de traslado no cuenta con los medios necesarios para atender las necesidades de salud.

b.                 La decisión sobre traslado pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia. Esta causal hace referencia a que la reubicación o la negativa de otorgarlo ponga en peligro la vida o la integridad del trabajador y su familia.

c.                  Las condiciones de salud de los familiares del trabajador pueden incidir, dada su gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la procedencia de la reubicación. Sobre este, es necesario que exista un nexo causal entre la reubicación o su negativa y el deterioro de las condiciones de salud del familiar del trabajador.

d.                  La ruptura del núcleo familiar va más allá de la mera separación transitoria y deriva en el rompimiento de los vínculos entre la familia o impone una carga desproporcionada para la familia.

35.            La Sala Primera de Revisión considera que la tutela de la referencia, a diferencia de lo señalado en segunda instancia, sí cumple con el principio de subsidiariedad. En el presente caso, la acción de tutela sirve como un mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Aunque la accionante interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el juzgado aún no la ha admitido ni ha decretado medidas cautelares.36.            A primera vista, mantener los efectos del traslado puede generar un perjuicio irremediable para la accionante y su hijo, lo que hace procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. Esto se debe a que: en primer lugar, (i) existe una posibilidad inminente de daño a la salud de la accionante, derivado de las afectaciones actuales a su salud mental por el traslado y el aumento de sus cargas de cuidado. Como se relató en la Tabla 1, la accionante fue diagnosticada con “trastorno adaptativo secundario a estresores laborales y familiares”, por lo que su médico psiquiatra le formuló un antidepresivo diario y le recomendó no ser trasladada de municipio. Además, su superiora jerárquica indicó que su estado de ánimo no ha mejorado, y la accionante detalló que la permanencia en Municipio B la dejó sin red de apoyo en situaciones complejas, como la reciente hospitalización de Martín el 13 de julio.

37.            En segundo lugar, (ii) como lo señaló uno de los intervinientes en el trámite[137], trasladar a un niño en el espectro autista podría causar afectaciones graves a en su derecho fundamental a la educación inclusiva. El cambio de ciudad obliga a reconstruir desde cero el proceso de inclusión, la caracterización pedagógica y el plan de ajustes razonables. En tercer lugar, (iii) aunque las medidas cautelares del proceso contencioso-administrativo podrían ser idóneas para evitar un perjuicio irremediable, en este caso no han sido eficaces. Como también se relató en la Tabla 1, a pesar de que la demanda se interpuso a principios de marzo, a la fecha el juzgado a cargo no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas. (iv) Por estas razones, la intervención judicial es impostergable para evitar la consolidación de daños irreparables en los derechos fundamentales de la accionante y de su hijo.

3.     Planteamiento de los problemas jurídicos y estructura de la decisión

38.            En esta oportunidad, le corresponde a la Corte examinar el caso de una servidora pública que se desempeñaba como fiscal y fue reubicada de Municipio A a Municipio B. La Fiscalía alega que se trató de una decisión basada en que la planta era global y flexible, y en necesidades del servicio. Por su parte, la accionante asegura que la reubicación vulnera sus derechos fundamentales y los de su hijo, en particular a la unidad familiar, al trabajo, al cuidado, a la educación inclusiva y a la salud. Señala que (i) a causa de la reubicación perdió toda la estructura de apoyo y cuidados, así como los procesos de consolidación de los ajustes razonables que requiere para cumplir sus funciones como fiscal, mientras apoya a su hijo, una persona en el espectro autista; (ii) tiene recomendaciones médicas que no han sido implementadas, tanto por una epicondilitis como por una crisis adaptativa causados a raíz de la reubicación, y (iii) la EPS Sanitas, a la cual están afiliados ella y su hijo, no cuenta con una red de IPS suficiente en el municipio de Municipio B para prestar los servicios que requieren.

39.            En ese contexto, se resolverán los siguientes problemas jurídicos:

(i)               ¿La Fiscalía General de la Nación vulneró los derechos a la unidad familiar, a la salud, al cuidado y al trabajo digno de la accionante, así como la salud y la educación inclusiva de su hijo, al no reconsiderar su decisión de trasladarla de ciudad aun después de conocer sus responsabilidades de cuidado y los riesgos que ello podría suponer para el proceso de inclusión pedagógica del menor de edad?

(ii)             ¿Vulneraron las entidades accionadas los derechos fundamentales a la salud y al trabajo de la accionante al no contar con mecanismos de prevención de riesgos psicosociales eficaces para evitar afectaciones a la salud mental derivadas del ambiente laboral?40.            Para resolver estos problemas, la Sala Primera de Revisión adoptará la siguiente metodología. En primer lugar, en la Sección 4, presentará unas consideraciones generales en las que reiterará la jurisprudencia constitucional sobre (i) los límites al facultad del empleador de modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo que tienen las entidades públicas respecto de sus servidores, aun cuando se trata de plantas globales y flexibles, (ii) los derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares, (iii) la neurodivergencia desde la perspectiva del modelo social de discapacidad, (iv) el derecho de las niñas, niños y adolescentes neurodivergentes a una educación inclusiva y (v) el deber de los empleadores de adoptar recomendaciones médicas. Posteriormente, en la Sección 5, la Sala analizará el caso concreto. Allí explicará que la Fiscalía General de la Nación vulneró los derechos fundamentales al cuidado, a la unidad familiar, al trabajo en condiciones dignas y justas, y a la salud de la accionante y de su hijo. Por lo tanto, la Corte adoptará medidas para protegerlos hasta que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo se pronuncie sobre la legalidad del traslado.

4.     Consideraciones generales

El derecho a la unidad familiar es un límite a la facultad del empleador de modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo, incluso en entidades públicas que, como la Fiscalía General de la Nación, tienen plantas globales y flexibles (reiteración de jurisprudencia constitucional)[138]41.            Los empleadores tienen la facultad de modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo, ya sea en cuanto al reparto de funciones o al lugar para desempeñar sus labores[139]. La jurisprudencia constitucional lo ha descrito como “una de las manifestaciones del poder subordinante que ejerce el empleador –público o privado– sobre sus trabajadores. Se concreta cuando el primero (empleador) modifica respecto del segundo (trabajador) la prestación personal del servicio en lo atinente al lugar, tiempo o modo del trabajo”[140]. Esta potestad la tiene tanto el sector público como el privado. Sin embargo, cuando se trata de un empleado público, como en el caso que se estudia en este expediente, la facultad del empleador de modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo “encuentra su fundamento en las facultades constitucionales de que dispone la administración para satisfacer el interés general”[141].

42.            Por esto, la administración cuenta con esta facultad discrecional para efectuar los traslados que considere necesarios[142]. Sin embargo, si bien hay entidades que cuentan con plantas de carácter global y flexible —como la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Rama Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)[143]—, la discrecionalidad para realizar cambios no es absoluta. Esto se debe a que los actos administrativos que ordenen o nieguen el traslado deben sujetarse a la Constitución y a su catálogo de derechos fundamentales[144]. Por lo tanto, esta potestad debe ejercerse dentro de los criterios de razonabilidad, sin dejar de lado los objetivos de la entidad empleadora[145]. La Corte ha desarrollado una línea jurisprudencial respecto de los límites de la facultad del facultad de las entidades públicas y sus límites de modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo[146].43.            Uno de dichos límites es la unidad familiar, como una manifestación del derecho a tener una familia y a no ser separado de ella[147]. Este derecho permite, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, tener un crecimiento armónico y un desarrollo integral. Por esta razón, todas las actuaciones privadas y públicas deben tener en cuenta el interés superior de los niños y las niñas, ya que sus derechos prevalecen sobre los demás. Esto se fundamenta en el artículo 44 de la Constitución Política, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Lo anterior implica que las autoridades deben abstenerse de adoptar medidas administrativas que puedan impedir la unidad familiar, ya que la protección a la familia debe ser integral. Teniendo en cuenta esto, la Corte ha resuelto casos en los cuales concede o impide traslados de funcionarios cuando se alega el derecho a la unidad familiar[148].

44.            En algunas de esas oportunidades, la Corte se ha pronunciado específicamente en varios casos en los que servidores adscritos a la Fiscalía General de la Nación han interpuesto acciones de tutela en contra de esa entidad por traslados que, a su juicio, vulneran el derecho a la unidad familiar. Como lo muestran las providencias que se resumen a continuación, la Corte ha realizado una valoración caso a caso de las circunstancias que rodean el traslado y de los efectos que puede tener en la unidad familiar. La siguiente tabla sintetiza esas decisiones.

Tabla 3. Sentencias proferidas por la Corte Constitucional que estudiaron tutelas interpuestas por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, tras ser trasladados

Sentencia

Particularidades

T-1498 de 2000

Traslado de fiscal delegado de Armenia a RiohachaLa Corte señaló que la tutela era improcedente, toda vez que el argumento planteado en esa demanda era que el traslado implicaba incurrir en “gastos adicionales que debe sufragar al ser trasladado a una ciudad distinta de aquella en la cual habitaba” y, además, “no aportó siquiera un indicio de que su reubicación territorial causaría necesariamente la ruptura grave de la unidad familiar, pues no se conocen las condiciones reales familiares o si es viable el desplazamiento de toda la familia a la nueva localidad”.

T-825 de 2003

Traslado de arquitecto de Bogotá a Barranquilla

El accionante señaló que el traslado afectaba gravemente a su núcleo familiar. Explicó que su esposa estudiaba enfermería y que su hijo tenía diagnósticos cardíacos y respiratorios. Además, de acuerdo con el colegio, el niño había disminuido notablemente su desempeño escolar y debió iniciar un “tratamiento terapéutico”.

En esa oportunidad, la Corte indicó que estos aspectos “en su conjunto” permitían ver “de manera dramática” las repercusiones de la decisión. Por lo tanto, concedió la protección de los derechos y ordenó a la Fiscalía trasladarlo nuevamente a Bogotá en 48 horas.

T-264 de 2005

Traslado de fiscal delegado de Florencia a Tumaco

El fiscal alegó que el traslado a Tumaco no se basaba en necesidades del servicio, sino en un patrón de persecución; que su hija presentaba “hiperactividad con tendencia a la agresividad y, por tanto, requería de la orientación y acompañamiento de su padre”. Señaló que era imposible trasladarse con su familia a Tumaco, para lo cual utilizó argumentos racistas.

La Corte decidió negar el amparo, no solo porque estas afirmaciones discriminatorias no son de recibo, sino porque no probó que era imposible trasladar a su familia a Tumaco.

T-420 de 2005

Traslado de fiscal delegada de Neiva a QuibdóLa accionante señaló que el traslado interrumpía el tratamiento médico de su hijo que tenía alergia respiratoria nasal y pulmonar, un diagnóstico que podría ser superado en un “ambiente adecuado que evite el polvo, los cambios climáticos y la humedad”. En sede de revisión, añadió que la cobertura de salud en Quibdó no era óptima, y que cuando le fue diagnosticada fiebre tifoidea tuvo que viajar a Bogotá, por lo que su hijo había quedado al cuidado de su expareja. Sin embargo, a su cuidado el niño empezó “a tener cambios en su comportamiento y que ha entrado en una grave crisis emocional que lo ha hecho más introvertido y además llore constantemente”.

La Corte consideró que (i) el traslado a Quibdó había sido intempestivo y no fue motivado, y (ii) como consecuencia de este se generó una ruptura del núcleo familiar, causando “graves consecuencias emocionales” para su hijo. Por ende, la Corte concedió la protección de los derechos fundamentales y ordenó trasladar a la accionante a Neiva apenas se produjera la primera vacante.

T-770 de 2005

Traslado de una secretaria jurídica de Fusagasugá a Leticia

La accionante era madre cabeza de familia y la responsable de sus hijas y de su madre, quien se encontraba enferma.

La Corte negó el amparo, toda vez que no se allegaron pruebas de la enfermedad de su madre, no se demostró que en Leticia no tuviera el suficiente acceso a servicios de salud, no se comprobó la afectación a su salud emocional como resultado del traslado, no se justificó por qué sus hijas y su madre no se podían trasladar con ella a Leticia, y se evidenció que se les dio un tratamiento similar a funcionarios en las mismas condiciones.

T-524 de 2010

Traslado de fiscal local de Montería a ValleduparAl llegar a Valledupar, la accionante no pudo tomar posesión del cargo, toda vez que este aún no existía, e interpuso una tutela argumentando que en su ciudad de destino no contaba con “familiares que habita[ran] en dicha localidad, los cuales, ante una determinada eventualidad, [pudieran] hacerse cargo de sus hijos”.

La Corte decidió declarar improcedente la acción, toda vez que “no exist[ía], en principio, ninguna razón válida que le imposibilite trasladar a sus hijos a la ciudad de Valledupar y evitar con ello la ruptura de su núcleo familiar”.

T-338 de 2013

Traslado de fiscal delegada de Bogotá a Quibdó

La accionante contaba con dos hijos cursando estudios universitarios y estaba a cargo de su madre, a quien se le había diagnosticado alzhéimer y se encontraba recluida en un hogar geriátrico.

La Corte encontró que, debido a ese diagnóstico, la accionante requería darle constante apoyo a su madre, frente a su tratamiento y acompañamiento emocional. Además, señaló que esto no fue evaluado en la resolución de traslado, por lo que “no se cumplió con las exigencias jurisprudenciales para el desarrollo del ius variandi y de ahí que se evidencie la omisión de un deber por parte del fiscal general de la Nación”. En consecuencia, protegió los derechos fundamentales y ordenó que fuera trasladada a Bogotá.

T-565 de 2014

Negativa de traslado de Chiquinquirá a Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), de una asistente judicial

La Fiscalía negó la solicitud, alegando que se trataba de una planta global y flexible, y refiriéndose a las necesidades del servicio. La accionante señaló que, de ser trasladada, podría cubrir mejor sus gastos familiares y continuar estudiando.

En esa oportunidad, la Corte decidió declarar improcedente la tutela, señalando que no se probó que el traslado “realmente amenaza o pone en riesgo la estabilidad de la familia”, ya que “[e]lla ya se encontraba trabajando en un lugar distinto a aqu[e]l en el que resid[ía] su familia”.T-528 de 2017

Expediente acumulado. El resumen corresponde al exp. T-6107521.

Traslado de profesional de gestión de Bucaramanga a Arauca

La accionante, esposa del servidor, explicó que no pudo mudarse a Arauca y debió permanecer en Bucaramanga. Esto debido a que a su hija le fue “diagnosticada toxoplasmosis congénita, que le ocasionó microcefalia, epilepsia focal sintomática, [diferencias] de aprendizaje, hipotonía muscular generalizada que ha originado [alteraciones] de postura; razón por la cual requiere constantes controles médicos por especialistas y un colegio que le brinde enseñanza especializada con apoyo psicopedagógico y terapias física, ocupacional y psicológica”.

Agregó que la niña requería una red de IPS para acceder a ciertos servicios y una institución educativa que hiciera ajustes razonables. Sin embargo, la Fiscalía ha negado varias veces el traslado de su esposo a Bucaramanga. Además, afirmó que no podía seguir cuidando a su hija sola, pues “le diagnosticaron una extrusión del contenido discal que le genera fuertes dolores, pérdida de la fuerza en los miembros superiores y la necesidad de observar ciertos cuidados especiales”.

La Corte encontró que la decisión de la Fiscalía “se sustentó en las estrictas necesidades del servicio, dejando de lado las circunstancias personales que rodean al accionante y a su familia, las cuales resultaban fundamentales para adoptar la decisión del traslado”. Por lo tanto, concluyó que la entidad vulneró los derechos fundamentales a la unidad familiar y a la igualdad, y le ordenó efectuar el traslado a un cargo en Santander.

T-290 de 2021

Traslado de agente de protección de Pereira a Putumayo, pese a recomendaciones médicas

El accionante señaló que en Pereira estaban disponibles siete cargos que podría ocupar, y que el traslado a Putumayo interrumpía el tratamiento médico que estaba recibiendo y afectaba a su núcleo familiar.En esa ocasión, la Corte consideró que la acción era improcedente, toda vez que se había demandado “el acto administrativo de traslado, en el que fue decretada como medida cautelar la suspensión provisional de sus efectos, obteniendo así la protección inmediata que exigía su situación médica y laboral”.

T-119 de 2022

Traslado de fiscal delegado de Montería a Bucaramanga

El accionante señaló que uno de sus hijos era usuario de marihuana, lo cual, según él, había sido causado porque su esposa había sido trasladada a otra ciudad.

De manera similar al fallo anterior, en este proceso se declaró improcedente la tutela, toda vez que dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se decretaron medidas cautelares que suspendieron los efectos del acto que ordenó el traslado.

T-192 de 2024

Expediente acumulado. El resumen corresponde al exp. T-9792211.

Traslado de funcionaria de Cartagena a Magangué

La accionante estaba a cargo de su madre y de dos de sus sobrinas, hijas de su hermano fallecido. Una de ellas, era una persona con discapacidad psicosocial que requiere apoyos extensos para la interacción social, la autonomía y la regulación emocional. Durante el trámite de la revisión, la accionante fue trasladada nuevamente a Cartagena, por lo que la Corte declaró la carencia actual de objeto.

45.            En síntesis, la jurisprudencia constitucional sobre traslados de funcionarios de la Fiscalía —que está en línea con la jurisprudencia de la Corte sobre traslados de servidores públicos— ha señalado que: (i) si bien los empleadores públicos y privados tienen la facultad para cambiar las condiciones de sus trabajadores, su ejercicio debe ser proporcional y, para ser admisible constitucionalmente, debe respetar el derecho a la unidad familiar; (ii) debe responder a las necesidades del servicio, y (iii) las entidades públicas deben analizar las condiciones particulares del empleado y su familia para no vulnerar sus derechos.46.            De otra parte, tras la revisión de la jurisprudencia constitucional sobre traslados en la Fiscalía General de la Nación, la Corte ha protegido los derechos de los accionantes siempre que: (i) las medidas cautelares en el marco del proceso contencioso-administrativo no hayan sido idóneas o eficaces para proteger al accionante de la vulneración de derechos fundamentales en el caso concreto[149]; y (ii) se pruebe que hubo una separación efectiva del núcleo familiar (ante la imposibilidad de alguno de sus miembros para trasladarse) o la interrupción de tratamientos médicos que no puedan prestarse en el municipio de destino.

Las entidades públicas deben tener en cuenta las responsabilidades familiares cuando están evaluando si es necesario realizar traslados o reubicaciones, desde una perspectiva del derecho al cuidado

Las facetas del derecho fundamental al cuidado (reiteración de jurisprudencia)[150]

47.            En Colombia, el ordenamiento jurídico ha avanzado progresivamente en el reconocimiento del cuidado como un derecho fundamental. En el ámbito legislativo, se expidieron las leyes 1413 de 2010, 1996 de 2019 y 2297 de 2023. La primera incorporó la economía del cuidado al sistema de cuentas nacionales. La segunda reconoció la presunción de capacidad legal de las personas mayores de edad en situación de discapacidad y estableció un sistema de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica. La tercera creó el Sistema Nacional de Cuidado y fijó los lineamientos para su organización y funcionamiento.48.            Por otra parte, la Corte Constitucional ha reconocido el cuidado como un derecho fundamental autónomo y exigible, por diferentes razones[151]. En primer lugar, porque incide directamente en la posibilidad de que las personas cuenten con las condiciones materiales, emocionales y sociales para cuidar, ser cuidadas y cuidarse, sin que ello comprometa de manera desproporcionada su dignidad humana y la garantía de sus derechos fundamentales[152]. En segundo lugar, porque constituye una condición indispensable para sostener la vida humana en sociedad, pues todas las personas requerirán asistencia y asumirán labores de atención en algún momento de su existencia[153]. En tercer lugar, porque contribuye a corregir desigualdades estructurales en la distribución de las cargas de cuidado, las cuales han recaído históricamente de forma desproporcionada en las mujeres, especialmente bajo esquemas de trabajo no remunerado[154].

49.            La jurisprudencia ha identificado las siguientes reglas para comprender el estándar de protección del derecho al cuidado[155]:

(i)               El Estado debe promover sistemas de cuidado que garanticen su disfrute y ejercicio y que evalúen su desarrollo progresivo.

(ii)             El cuidado como derecho fundamental promueve en el trabajo políticas de conciliación de la vida personal, con las responsabilidades familiares y el bienestar cotidiano.

(iii)          Quienes cuidan deben tener alguna formación y capacitación para hacerlo, tanto desde el ámbito físico como psicosocial.

(iv)           Los cuidadores deban contar con los elementos necesarios para llevar a cabo sus labores de cuidado; sean estos, elementos de tipo médico, sanitario, de infraestructura, transporte y movilidad, y demás.

(v)             El cuidado debe tener como propósito no sólo la subsistencia de la persona a quien se cuida, sino la realización de la persona y la consecución de su propio proyecto de vida.(vi)           El cuidado debe valorarse socialmente, esto fortalece los lazos esenciales del afecto, la dignidad, y la interdependencia humana.

(vii)        El cuidado debe ser asumido socialmente, a través de la corresponsabilidad entre familia, Estado y particulares. Esto conduce a que las políticas que desarrolle deban contar con enfoques diferenciales y de género, entendiendo que ha sido realizado mayoritariamente por mujeres.

50.            A nivel internacional, el derecho al cuidado se ha incorporado de forma implícita y expresa en ciertos instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Convenio 156 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y la Recomendación 165 de la OIT.

51.            Ahora bien, el artículo 44 de la Constitución Política reconoce expresamente el derecho al cuidado de las niñas, los niños y los adolescentes. Este derecho se reitera a nivel internacional en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En sintonía con estos mandatos, la Opinión Consultiva n.° 31 de la Corte IDH señala que el contenido de este derecho se refuerza respecto de esta población, pues son unos de los principales destinatarios del componente de recibir cuidados[156].52.            Sin embargo, como bien lo recordó uno de los intervinientes en este proceso[157], la jurisprudencia de la Corte ha establecido que, al hablar de cuidado, se debe resignificar el término de manera que se supere “una connotación paternalista que invisibilice la agencia y valía de las personas con discapacidad”[158]. Siguiendo los lineamientos de la sentencia C-269 de 2025, tratándose de esta población, la Corte entiende el cuidado “como una referencia a las tareas de asistencia y apoyo que, ante todo, se orientan a maximizar la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad”.

53.            Por otra parte, esta Corporación también ha precisado que el derecho al cuidado no solo protege a quienes reciben los cuidados, sino que también cobija a las personas cuidadoras. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en el análisis y garantía de este derecho, se deben evaluar los impactos que dichas labores tienen en la salud, el bienestar, el proyecto de vida y la vida en condiciones dignas de los cuidadores[159]. Ellos adquieren relevancia constitucional, toda vez que pueden afectar de manera significativa sus derechos fundamentales. Por ejemplo, la Corte se ha pronunciado sobre el fenómeno identificado como el “síndrome del cuidador quemado”[160], el cual se caracteriza por el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución de la realización personal, derivado de la exposición prolongada a las demandas del cuidado[161], especialmente en contextos de alta dependencia funcional[162]. Estos efectos se amplifican en un escenario social donde las cargas domésticas y de atención están distribuidas de forma inequitativa.54.            Como lo señaló el Proyecto Digna en su intervención en este proceso[163], la evidencia empírica señala que “el cuidado no es una actividad marginal u ocasional [sino] una carga cotidiana, intensiva en tiempo y profundamente feminizada”. Utilizando datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, el Proyecto confirmó la magnitud de esta carga. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, el DANE encontró que el 89,8% de las mujeres de 10 años o más en Colombia participó en actividades de trabajo no remunerado. En contraste, el 65,2% de los hombres realizó estas labores. Además, las mujeres dedicaron un promedio diario de siete horas y 35 minutos a estas tareas. Los hombres, por su parte, invirtieron tres horas y 14 minutos al día.

55.            De otra parte, el Proyecto remitió un informe previo en el que se realizaron 100 entrevistas semiestructuradas a varios grupos de mujeres, 19 de ellas cuidadoras no remuneradas de personas con discapacidad. De este grupo, 14 participaban activamente en el mercado laboral y cinco estaban inactivas[164]. En ese documento, se evidenció que “[l]as entrevistadas reportaron dificultades para acceder a determinados empleos, limitaciones para aceptar horarios extensos o inflexibles, interrupciones en sus trayectorias laborales y obstáculos para permanecer en el mercado de trabajo”[165]. Dos de esos testimonios corresponden a mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. Ellas relataron las dificultades para acceder y permanecer en el mercado laboral debido a su carga de cuidado y a la inflexibilidad de sus empleos[166].56.            Debido a la distribución inequitativa del cuidado, la jurisprudencia ha sostenido que el derecho al cuidado se estructura a partir de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, los cuales deben entenderse de manera complementaria[167]. Por una parte, en virtud del principio de corresponsabilidad, el cuidado no puede recaer exclusivamente en las familias, sino que se trata de una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y el núcleo familiar[168]. Esto responde a que el derecho al cuidado también comprende las facetas de autocuidado y del derecho a cuidar sin que esto implique una afectación desproporcionada para quien asume dicha labor.

Los derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares

57.            El artículo 25 de la Constitución consagra que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política establece que la “[i]gualdad de oportunidades para los trabajadores” es un principio fundamental de la regulación laboral. Asimismo, indica que “[l]os convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna”. Entre ellos se encuentra el Convenio 156 sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares, ratificado por la Ley 2305 de 2023.

58.            El Convenio señala que los trabajadores que tienen responsabilidades familiares son aquellos que sean padres o tengan a cargo responsabilidades de cuidado con miembros de su familia, “cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella”[169]. Para la Organización Internacional del Trabajo, la promesa de la igualdad en el ámbito del trabajo sin que se repartiera de forma más equitativa el trabajo de cuidado, que históricamente ha recaído sobre las mujeres, era una promesa vacía[170].59.            Por esa razón, el Convenio se enfoca en establecer medidas que garanticen que las personas con responsabilidades de cuidado puedan desempeñar un trabajo sin discriminación, en los términos del Convenio 111 sobre la Discriminación en materia de empleo y ocupación, ratificado en Colombia por la Ley 22 de 1967. Para ello, establece que se deben adoptar todas las medidas para “(a) permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su empleo, [y] (b) tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social”[171].

60.            Aunque históricamente la OIT había aislado las facetas de “trabajo productivo” y “trabajo reproductivo”, recientemente ha abandonado esa división y, en su lugar, ha sostenido que existen notables conexiones entre ambos, en la medida en que el segundo es el que permite que sea desarrollado el primero. También señaló que el problema no es solo de discriminación, sino de distribución. Los hombres, el Estado y la sociedad en su conjunto deben participar de una manera más justa en la adopción de cargas de cuidado[172]. En otros términos, como lo señaló un interviniente[173], el centro de la discusión sobre el cuidado gira alrededor de encontrar “la forma en que podemos construir una sociedad donde el trabajo reproductivo se ubique en el centro de la cadena productiva y así se consolide su valor y reconocimiento social”[174].61.            La jurisprudencia constitucional también ha adoptado este enfoque. Al revisar la constitucionalidad del Convenio 156, la Corte consideró que este debía ser interpretado a la luz de la línea jurisprudencial trazada sobre la noción de familia. En particular, señaló que, conforme a los pronunciamientos de esta Corporación sobre el derecho al cuidado, el Convenio “advierte las dificultades de continuar por la senda del modelo familiarista y plantea a los Estados la necesidad de avanzar a modelos secuenciales o de corresponsabilidad estatal y social”[175].

62.            Partiendo de esta premisa, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el hecho de que los trabajadores puedan equilibrar sus responsabilidades profesionales con las derivadas de su entorno personal es una faceta del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Por esa razón, “la conciliación de trabajo y vida familiar debe ser entendida antes que nada como una materia de política de familia, desarrollada tanto en el marco del mercado de trabajo, como de la protección social”[176].

63.            Aunque en los casos de la unidad familiar no se había utilizado expresamente el término “derecho al cuidado”, la jurisprudencia constitucional ha protegido a las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares. Así lo hizo, entre otros, en los casos reseñados en la Tabla 3.

64.            De otra parte, la Corte también se ha pronunciado en casos en los que los familiares de los accionantes trasladados eran personas con discapacidad intelectual y/o neurodivergentes que requerían de apoyos extensos. En esos casos, como se compila en la siguiente tabla, los accionantes señalaron que los traslados generaban rupturas en los arreglos de cuidado previamente establecidos, vulnerando su derecho a la unidad familiar.Tabla 4. Sentencias proferidas por la Corte Constitucional que estudiaron tutelas interpuestas por funcionarios públicos que fueron trasladados, y como consecuencia, se rompieron arreglos de cuidado

Sentencia

Particularidades

T-447 de 1994

Docente solicitó traslado de Pacho (Cundinamarca) a Bogotá

La hija de la accionante era una niña con microcefalia que enfrentaba barreras para la comunicación oral y el acceso a los métodos de aprendizaje tradicionales. Por ende, solicitó el traslado a un colegio en Bogotá, de manera que tuviera acceso a ajustes razonables en su proceso educativo, pero esta solicitud fue negada por la autoridad competente.

La Corte encontró vulnerados los derechos fundamentales de la accionante y ordenó que se evaluara si existían vacantes disponibles, en cuyo caso, debía hacerse el traslado.

T-815 de 2003

Docente solicitó traslado de la jornada de la mañana a la jornada de la tarde

El hijo de 10 años de la accionante era una persona con déficit de atención, a quien le habían sido ordenadas una serie de sistemas de apoyo.

La Corte encontró vulnerados los derechos del niño, y ordenó trasladarlo a la jornada de la tarde.

T-922 de 2008

Docente trasladado de Quibdó a Atrato

El hijo de la accionante requería de su atención permanente debido a cuadros “de convulsiones, pérdida auditiva [neurosensorial], dificultades visuales [y requerimientos] en su desarrollo motor”, sumado a que se le había ordenado una cirugía coclear. El pediatra del niño había indicado que este “[r]equer[ía] cuidados especiales y asistencia a terapias física y del lenguaje con refuerzos en casa”, así como el apoyo y “cuidado de su madre[,] quien conoce todo el proceso adecuadamente”.La Corte encontró que el traslado de la docente “afecta[ba] de manera directa la salud de su hijo y pone en riesgo el derecho al trabajo de la accionante[,] en cuanto sería evidente la dificultad para prestar sus servicios de manera oportuna y eficiente”. En consecuencia, ordenó tutelar sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, así como su traslado preferencial a Quibdó cuando fuera posible.

T-325 de 2010

Oficial del cuerpo administrativo de la justicia penal militar fue trasladada de Santa Marta a San Vicente del Caguán (Caquetá)

El hijo de accionante se encontraba recibiendo acompañamiento profesional para implementar estrategias de apoyo debido a que tenía un perfil con déficit de atención.

En esa oportunidad, la Corte no encontró que el traslado interrumpiera el proceso de aprendizaje del niño, toda vez que, en ese caso, la accionada “[había] asumido el compromiso de garantizar la atención requerida por el” niño. Por lo tanto, los remedios judiciales proferidos en ese caso se concentraron en “asegurar el cumplimiento” de este.

T-104 de 2013

Docente trasladada de Medio Atrato a Carmen del Darién (Chocó).

En su solicitud de reconsideración del traslado, la accionante señaló que era madre cabeza de familia de cuatro hijos, uno de los cuales era una persona con discapacidad física derivada de parálisis cerebral.

A juicio de esta Corporación, ese traslado le imponía desplazamientos desproporcionados a la accionante, haciendo del traslado “una decisión irrazonable y desproporcionada teniendo en cuenta su contexto familiar”.

T-772 de 2013

Expediente acumulado. El resumen corresponde al exp. T-3955420.

Docente trasladada de colegio dentro de un mismo municipio

La docente interpuso una acción de tutela en la que argumentó que su hijo era una persona con una condición neurológica (atrofia cerebral frontal y bitemporal) que requería apoyos significativos para el procesamiento cognitivo y la movilidad.La Corte concluyó que el traslado generó “inestabilidad en el proceso educativo y emocional del hijo de la docente, [...] y se le dificulta adaptarse a nuevos entornos”. Por lo tanto, protegió su derecho a la unidad familiar y ordenó su reubicación en los siguientes 15 días.

T-213 de 2015

Docente que solicitó su traslado de Tasco a Duitama

El hijo de la accionante tenía un cuadro clínico de fibrosis hepática congénita y gastritis crónica, y requería apoyos pedagógicos debido a dificultades en su proceso de aprendizaje que estaban siendo prestados en Duitama, lo que le impedía mudarse con su madre a Tasco sin arriesgar la continuidad de los tratamientos médicos y del proceso pedagógico con ajustes razonables.

Al encontrar vulnerado el derecho a la unidad familiar, la Corte ordenó que se iniciaran los trámites para lograr el traslado en los siguientes 10 días, dando un máximo de tres meses para que se concretara.

T-308 de 2015

Docente solicitó el traslado de Puerto Libertador, Córdoba a Corozal, Sucre.

La accionante señaló que su hija mayor, con síndrome de Down y condiciones de salud concurrentes, requería un sistema de apoyos integrales y acompañamiento médico continuo.

La Corte consideró que, al decidir sobre el traslado, la autoridad había omitido incluir el “análisis [de] los parámetros insertos en la Carta Superior, relativos a la unidad familiar, salud y protección especial de los niños y niñas” para lo cual era necesario “disfrutar del acompañamiento y cuidado de sus parientes cercanos”. Por lo tanto, se tuteló el derecho a la unidad familiar y se ordenó su traslado de forma preferencial en un máximo de tres meses.

T-079 de 2017

Docente que solicitó su traslado de Puebloviejo (Magdalena) a Barranquilla

La hija de la accionante hija era una niña con microcefalia que requería acompañamiento y ajustes para su desarrollo psicomotriz.En esa ocasión, la respectiva sala de revisión consideró que el asunto era de “[r]elevancia constitucional, por cuanto se trata de asegurar el afecto y cuidado de una [niña] de [siete] años de edad, sujeto de especial protección [con discapacidad,] que obligan a los padres a dedicarle atenciones constantes que permitan conservar la salud de la representada”. Por lo tanto, consideró aplicables las subreglas de la Corte respecto de los casos en los que “es necesario autorizar traslados de docentes a quienes por su situación personal o familiar [lo requieran]”, y señaló que estas fueron ignoradas por la autoridad accionada. Por ende, le ordenó trasladar a la accionante en no más de tres meses.

T-363 de 2022

Infante de marina que fue trasladado de Tumaco a Bogotá

La esposa de la accionante, además de un cuadro clínico derivado de un lupus, atravesaba una crisis psicosocial severa causada por ideaciones persecutorias que le imponía barreras para salir de su domicilio y percibir su entorno como seguro. Esta situación, que según los profesionales tratantes demanda apoyos intensivos para proteger su vida e integridad emocional, fue desencadenada por la desestructuración de su red de apoyo primario tras el traslado de su esposo. Los médicos tratantes, además, habían señalado que debía residir en un lugar cálido.

A juicio de la Corte, la condición de su esposa “era de tal gravedad que debía ser considerada como un factor determinante para adoptar la decisión de traslado”. Por ende, esta Corporación decidió confirmar el fallo de segunda instancia, que había tutelado el derecho a la unidad familiar del accionante y ordenado que se le permitiera seguir desarrollando sus actividades en Tumaco o, en su defecto, en un lugar que cumpliera las prescripciones formuladas por los médicos tratantes.

T-001 de 2024

Expediente acumulado. El resumen corresponde al exp. T-9511992.

Suboficial del Ejército solicitó traslado de Tunja a Santa MartaEl accionante indicó que su hijo de nueve años estaba en el espectro autista, mientras que su esposa contaba con requerimientos de apoyo psicosocial debido a episodios depresivos, para los cuales recibía acompañamiento e intervenciones por parte de la especialidad en psiquiatría.

Según la Corte, “la negativa del traslado (i) no tuvo en cuenta los diagnósticos de su familia y las recomendaciones médicas para tratarlos y (ii) no dio ninguna explicación para solicitar sus servicios en Tunja, Boyacá, y no poderlos prestar en alguna unidad cerca de la ciudad de Santa Marta”. Por ende, concedió la protección de sus derechos y ordenó adelantar en los 15 días siguientes el traslado.

T-192 de 2024

Expediente acumulado. El resumen corresponde al exp. T- 9848025.

Docente solicitó el traslado de Tinjacá a Tunja

La accionante afirmó que residía en Tunja con su hija, su madre y su hermana. Su madre padecía problemas de salud, y su hermana es una persona con discapacidad psicosocial y visual, que además tiene diabetes. Por esto, la accionante invertía gran parte de su tiempo desplazándose entre ambos municipios para cumplir con sus obligaciones laborales y de cuidado. En consecuencia, solicitó su traslado a Tunja.

Como la accionante no respondió al requerimiento en sede de revisión, la Corte ordenó a la entidad nominadora resolver la solicitud de traslado teniendo en cuenta sus responsabilidades de cuidado.

T-302 de 2024

Expediente acumulado. El resumen corresponde al exp. T-9927033.

Patrullero de la Policía solicitó su traslado de Nariño a Sucre

El hijo del accionante es una persona con afasia y disfasia primaria que implica desafíos en la comunicación, por lo que requería apoyos extensos para el neurodesarrollo.

Se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado; en esta oportunidad, porque la Policía autorizó el traslado solicitado en el término de la revisión.65.            En síntesis, el derecho al cuidado también se manifiesta al proteger a las y los trabajadores que desarrollan estas actividades. El Convenio 156, interpretado conforme a los estándares desarrollados por esta Corporación, va más allá de prohibir la discriminación en el ámbito del trabajo para quienes desarrollan estas actividades. Una lectura de las sentencias expuestas en esta subsección, en armonía con los desarrollos jurisprudenciales recientes sobre el derecho al cuidado, indica que, para determinar si una decisión de traslado es violatoria de los derechos fundamentales del trabajador o de otras personas, se deben tener en cuenta las modificaciones que pueda implicar a los esquemas de cuidado y su impacto sobre los derechos, tanto de quienes ejercen labores de cuidado, como de quienes lo reciben.

Los niños, las niñas y los adolescentes neurodivergentes frente al modelo social de discapacidad[177]

66.            La jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, introdujo un cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad[178]. Se pasó de un modelo médico-rehabilitador, que entendía la discapacidad como un problema individual, a un modelo social y de derechos, en el que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y las barreras del entorno que impiden el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas[179].67.            Desde este enfoque, la discapacidad no surge de las características del individuo, sino de la incapacidad de la sociedad para eliminar los obstáculos que restringen su participación[180]. En esa medida, el modelo social no es solo un cambio conceptual, sino un mandato de transformación que exige la reestructuración de políticas, prácticas, normas y condiciones de accesibilidad con el fin de remover dichas barreras[181]. Este mandato se concreta en obligaciones específicas para los Estados, entre ellas la eliminación de prácticas discriminatorias y la adopción de medidas que garanticen la efectividad de los derechos.

68.            Tal como lo señaló un interviniente en este proceso[182], existen diferencias entre los conceptos de neurodiversidad, neurotipicidad y neurodivergencia. La siguiente tabla sintetiza esas diferencias:

Tabla 5. Diferencias entre neurodiversidad, neurotipicidad y neurodivergencia

Neurodiversidad

Se refiere a la diversidad existente dentro de la distribución normal de perfiles cognitivos de una población[183]. Dentro de esa diversidad, se podría catalogar a las personas como neurotípicas o neurodivergentes.

Neurotipicidad

Neurodivergencia

Describe a personas con un cerebro o desarrollo neurológico considerado “típico” o “estándar” dentro de un grupo social dado[184].

La neurodivergencia es, precisamente, la manera en que un perfil individual se aparta de esa media poblacional neurotípica en uno o varios de los dominios cognitivos que componen dicha distribución.

No se concibe como una categoría clínica estática ni como un simple conjunto de “clases naturales” descubiertas por la ciencia, sino como un “objetivo móvil” que responde tanto a la infinita variación neurológica humana como a las necesidades de la cultura y la sociedad de cada momento[185].69.            Desde la perspectiva del modelo social de discapacidad, los términos “neurodivergencia” y “discapacidad” no son sinónimos. Una persona neurodivergente no es necesariamente una persona con discapacidad. Como se señaló en el párrafo 66, la discapacidad se “da solo a partir de la conjunción de características diferenciadas a largo plazo o deficiencias y barreras externas a la participación en la sociedad”[186].

70.            Ahora bien, esto no quiere decir que no puedan ser concurrentes. Si una persona neurodivergente experimenta “barreras del entorno —físicas, actitudinales, normativas o culturales— que impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás personas”[187], también es una persona con discapacidad, por lo que “la respuesta social debe orientarse a la eliminación de dichas barreras y a valorar la diferencia funcional como parte de la diversidad humana”[188].

El derecho de los niños, las niñas y los adolescentes neurodivergentes a una educación inclusiva[189]

71.            La Constitución Política en el artículo 67 reconoce la educación en dos dimensiones, la primera, como un derecho fundamental y la segunda, como un servicio público. Esta doble concepción se adoptó con el fin de “garantizar que todas las personas tengan acceso al conocimiento, la ciencia y la técnica, así como a los demás bienes y valores de la cultura, en consonancia con los fines y principios constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho”[190].72.            La educación como derecho fundamental tiene cuatro componentes estructurales e interrelacionados, asociados a su dimensión prestacional: (i) disponibilidad, en el marco de la cual se exige que existan recursos y programas precisos y suficientes para el desarrollo de una oferta educativa que garantice el goce pleno del derecho; (ii) accesibilidad, donde se describen los supuestos necesarios para que la generalidad de la población alcance a gozar plenamente del servicio; (iii) adaptabilidad, a partir de lo cual se exige que el servicio pueda ser dúctil respecto de las necesidades de los alumnos en contextos de diversidad cultural y social, y (iv) aceptabilidad, relacionada con la prestación adecuada del servicio.

73.            La jurisprudencia ha señalado que el derecho a la educación no puede limitarse a un aspecto de formación meramente académico, sino que también hacen parte de ella los procesos de crecimiento personal, social, cultural y deportivo[191]. Lo anterior cobra mayor relevancia cuando se trata de las niñas y los niños en los primeros años de formación que requieren que se les proporcionen los medios y las condiciones ideales para su desarrollo integral[192].

74.            Con fundamento en el artículo 44 de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y los pronunciamientos de esta Corporación, se ha determinado que, tratándose de las niñas, los niños y los adolescentes, la educación como derecho fundamental adquiere una especial relevancia, pues su aplicación es inmediata y toda interpretación en esta materia debe hacerse bajo el tamiz del interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes. Lo anterior significa que su derecho a la educación ocupa un estatus prevalente en el ordenamiento jurídico y activa el deber del Estado de brindar especial importancia y preferencia en todas las medidas tendientes a protegerlos[193].75.            Esta Corte también ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre la educación inclusiva para las niñas, los niños y los adolescentes. Basándose en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas en situación de discapacidad tienen derecho a la educación sin discriminación y en igualdad de oportunidades con las demás. El principal objetivo de la educación inclusiva es, entonces, ofrecer respuestas adecuadas al amplio margen de necesidades de aprendizaje y a la diversidad de los estudiantes en entornos educativos formales o no formales[194].

76.            Asimismo, la jurisprudencia constitucional se ha referido al derecho a la educación —particularmente desde su componente de adaptabilidad— tanto en escenarios en los que hay personas con neurodivergencia como en personas con discapacidad intelectual. En esos casos, esta Corporación ha resaltado que la falta de adopción de medidas específicas que reflejen las dificultades de los estudiantes y que sugieran mecanismos para la superación de obstáculos en su proceso educativo, además de resultar una conducta discriminatoria y poco inclusiva, puede tener serias influencias en la salud emocional de aquellos e incluso en el empeoramiento de su salud mental. Ante escenarios en los que situaciones de neurodivergencia hacen, en sí mismas, difíciles las interacciones con su entorno, las niñas, los niños y los adolescentes con este tipo de diagnósticos requieren la consolidación de una red de apoyo, soporte y acompañamiento en los escenarios educativos que contribuya a su proceso pedagógico[195].77.            Para lograrlo, el Decreto 1421 de 2017 estableció la creación de los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR). Este plan se constituye como la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante en situación de discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. Según el artículo 2.3.3.5.2.3.5 del decreto, el proyecto es liderado por la institución, los docentes de apoyo, la familia y el mismo estudiante, y debe contener como mínimo los siguientes aspectos: (i) la descripción del contexto en que se desenvuelve el estudiante, tanto dentro como fuera del aula; (ii) una valoración pedagógica, junto con las valoraciones de salud que aporten al diseño, y (iii) los ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año lectivo, entre otros.

78.            Inclusive, la jurisprudencia de la Corte se ha pronunciado sobre la importancia de la implementación de estos PIAR para las niñas, los niños y los adolescentes con condiciones del espectro autista (usualmente conocidos como trastornos del especto autista, TEA). Esta condición se caracteriza principalmente por diferencias en la comunicación social y por la presencia de intereses profundos y comportamientos repetitivos. Se trata de un espectro porque sus manifestaciones son muy heterogéneas[196].

79.            En el ámbito escolar, las necesidades de apoyo de personas en condición del espectro autista para participar en igualdad con los demás estudiantes varían según el estilo de aprendizaje. Por esa razón, no procede una evaluación general, sino la asignación de ajustes específicos[197]. Como lo señaló uno de los intervinientes[198], los ajustes que se realicen “[n]o son la consecuencia final de un diagnóstico, sino una respuesta progresiva a las necesidades que van siendo identificadas por docentes, familia y profesionales de apoyo”[199].80.            No obstante, pese a lo consagrado en la reglamentación y en la jurisprudencia, la inclusión educativa de personas con discapacidad o neurodiversas experimenta notables barreras en la práctica. Como lo evidencia un informe realizado por el Laboratorio de Economía para la Educación de la Universidad Javeriana y la Fundación Saldarriaga Concha, que procesó los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 2020 y microdatos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el 41,9% de las niñas, niños y adolescentes en el espectro autista estudian en un colegio privado, como el hijo de la accionante antes del traslado. El informe encontró que la implementación de los ajustes en la práctica es baja, pues existen retos notables en la capacitación del personal docente y en el diseño e implementación del PIAR[200]. Hallazgos similares han sido reportados por miembros de la sociedad civil[201].

El respeto las recomendaciones médicas es una faceta del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y del derecho a la salud[202]

81.            Desde sus inicios, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la protección constitucional del trabajo no se limita al acceso a un empleo y su permanencia en él, sino que este se debe desempeñar en condiciones dignas y justas[203]. Este derecho “debe ser garantizado tanto por las autoridades públicas como por los particulares”[204].82.            La Corte ha señalado que “el trabajo en sí mismo (…) constituye [en sí mismo] un aspecto de la dignidad humana”. No obstante, también ha indicado que “las condiciones en que se ejerce el trabajo también contribuyen al reconocimiento o al desconocimiento de esta dignidad; ciertamente, para ser verdaderamente humano, el trabajo debe desarrollarse dentro de un ambiente, unas circunstancias y unas reglas que no signifique la simple ‘utilización’ de quien pone a disposición del empleador su fuerza laboral”[205]. Así, tanto la labor como la condición en la que se desarrolla el trabajo contribuyen a la realización de la persona, es decir, al reconocimiento del derecho a un trabajo digno.

83.            La Corte ha precisado que existe una vulneración a los derechos fundamentales cuando se presentan “traslados laborales que comprometen la seguridad y salud de los trabajadores (…), situaciones de maltrato y acoso laboral (…) y condiciones laborales que contribuyen al estrés”[206].

84.            Además, ha indicado que existe una relación entre el derecho al trabajo y el derecho a la salud, pues una de las condiciones básicas para que un trabajador pueda ejercer con eficacia y eficiencia su labor se fundamenta en el cuidado de su estado de salud.

85.            Por otra parte, el derecho a la salud está consagrado en el artículo 49 de la Constitución. A partir de la Ley 1751 de 2015 y de la jurisprudencia constitucional, es considerado como un derecho autónomo e irrenunciable, revestido del carácter de fundamental[207]. En el desarrollo de ese derecho, la Corte ha sostenido en varias oportunidades que la salud constitucionalmente protegida no es únicamente la física, sino que comprende, necesariamente, componentes del bien psicológico, mental y psicosomático de una persona[208]. Por lo cual, “el derecho a la salud mental es una parte integrante del derecho fundamental a la salud y es exigible vía amparo constitucional”[209].86.            De igual forma, el artículo 3° de la Ley 1616 de 2013 define la salud mental como “un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”. Asimismo, este artículo establece que la salud mental es “de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas”.

87.            En el ámbito laboral, la salud mental de los trabajadores puede verse afectada por riesgos psicosociales. Estos riesgos son definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la siguiente manera: interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento en el trabajo[210].88.            En esta línea, la OIT ha reconocido que el trabajo puede contribuir a mejorar o afectar la salud de una persona, en el sentido de que una interacción negativa entre las condiciones de trabajo y los factores emocionales puede perturbar la salud del individuo, al ocasionar: episodios emocionales, problemas de comportamiento y cambios bioquímicos y neuro hormonales que suponen riesgos adicionales de enfermedades mentales o físicas. Por el contrario, cuando existe un equilibrio entre las condiciones de trabajo y los factores humanos, el trabajo crea una sensación de dominio y autoestima, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo y la satisfacción, y mejora la salud[211].

89.            Conforme a la Resolución 2646 de 2008[212] del entonces Ministerio de la Protección Social, existe un deber a cargo de diferentes actores sociales, tanto públicos como privados, de prevenir, identificar y atender los riesgos psicosociales. Según esta norma, los factores psicosociales comprenden aspectos intralaborales, extralaborales y condiciones individuales del trabajador, los cuales pueden afectar su salud y desempeño[213]. Asimismo, dispone algunos factores de riesgo que el empleador debe identificar y analizar.

90.            En relación con los riesgos intralaborales que debe tener en cuenta el empleador, se destacan: (i) la gestión organizacional, (ii) las condiciones de la tarea, (iii) la carga física y (iv) la jornada de trabajo, entre otros. Respecto a los riesgos extralaborales, la norma indica: (i) la utilización del tiempo libre, (ii) el tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir al trabajo, (iii) la pertenencia a redes de apoyo social, (iv) las características de la vivienda y (v) el acceso a servicios de salud. Finalmente, en cuanto a algunos factores individuales, la citada resolución se refiere, por ejemplo, a (i) la información sociodemográfica, (ii) las características de personalidad y (iii) las condiciones de salud[214].91.            Desde esta perspectiva, al evaluar los factores psicosociales de los trabajadores, los empleadores deben incluir información actualizada sobre los siguientes aspectos: (i) las condiciones de salud de los trabajadores; (ii) la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (iii) las estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidente de trabajo, enfermedad profesional y enfermedad común; (iv) el ausentismo; (v) la rotación de personal, y (vi) el rendimiento laboral. Una vez identificados los factores de riesgo y sus posibles efectos, los empleadores deben hacer seguimiento a fin de establecer la carga física, mental y psíquica asociada a estos y la necesidad de intervenir en el corto, mediano o largo plazo. Igualmente, la información debe ser actualizada periódicamente[215].

92.            Adicionalmente, la Ley 1616 de 2013 plantea obligaciones en cabeza de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) para promover la salud mental en el ámbito laboral. Estas entidades deben formular estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental que incluyan “el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores”[216]. Por su parte, el Gobierno debe determinar y actualizar “lineamientos técnicos para el diseño, formulación e implementación de estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de salud mental y la prevención del trastorno mental en el ámbito laboral”[217].93.            En el trabajo existen varios factores psicosociales que pueden afectar la salud mental del trabajador, entre otros: (i) la carga de trabajo excesiva, (ii) los horarios prolongados y extenuantes de trabajo que no permitan a la persona tener una vida fuera del ambiente laboral, (iii) la violencia y el acoso, (iv) el trabajo en aislamiento y (v) la inseguridad laboral. En ese sentido, es necesario que los empleadores identifiquen, prevengan y traten los riesgos psicosociales a los que se ven expuestos sus trabajadores, al ser susceptibles de desconocer el derecho a la salud mental y generar problemas como agotamiento o burnout, ansiedad, depresión e intenciones suicidas, entre otros. Más aún cuando los problemas de salud mental de un trabajador no solo comprometen sus derechos, sino el bienestar de sus allegados más próximos y compañeros[218].

94.            En la Sentencia T-115 de 2025 se identificaron una serie de factores psicosociales a los que se ven expuestos los servidores de la Fiscalía General de la Nación: (i) las altas demandas de trabajo relacionadas con un volumen elevado de investigaciones judiciales; (ii) las altas demandas emocionales por trato negativo por parte de ciudadanos, exposición a situaciones de violencia, contacto con personas heridas o fallecidas, o exposición constante a situaciones y personas que amenazan su vida; (iii) el manejo excesivo de responsabilidad del cargo por manejo de información confidencial; (iv) las jornadas de trabajo prolongadas, y (v) el manejo de información excesiva, compleja o detallada durante el proceso de investigación de delitos.95.            En este sentido, los factores psicosociales pueden afectar el derecho a la salud mental de los trabajadores, por lo que los empleadores están llamados a identificarlos, prevenirlos y tratarlos en cada caso particular a partir de un enfoque integral que los involucre. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, si bien esta entidad tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, lo que implica asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de administración de justicia, esta obligación no puede desconocer el derecho fundamental a la salud mental de sus trabajadores y, por ende, pasar por alto el deber de identificación, prevención y atención de los riesgos psicosociales a los que están expuestos sus servidores. Por lo tanto, es necesario encontrar alternativas equilibradas en aras de no perjudicar a quienes apoyan la administración de justicia[219].

96.            En síntesis, la salud mental integra el derecho fundamental a la salud y su protección es exigible a través de la acción de tutela. Abarca una serie de aspectos emocionales y cognitivos que permiten el desarrollo de las personas a plenitud y con dignidad. Las afecciones a la salud mental pueden derivar en estados mentales asociados a un alto grado de angustia, discapacidad funcional e, incluso, el riesgo de conductas autolesivas.97.            En el ámbito laboral, la salud, tanto física como mental, puede verse expuesta a diversos factores que la pueden alterar y afectar. De este modo, la salud en el trabajo implica, al menos, la obligación del empleador de identificar y garantizar intervenciones que aseguren de forma efectiva el derecho a la salud física y mental del trabajador. Esto conlleva el deber de identificar, prevenir y atender los riesgos psicosociales en el entorno laboral, para proteger la integridad mental del trabajador frente a factores como la sobrecarga de trabajo, las prolongadas jornadas laborales, el acoso laboral y el estrés laboral, entre otros. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, lo anterior debe armonizarse con la obligación de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de administración de justicia.

5.     Caso concreto y remedios judiciales

98.            Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala concluye que se vulneraron los derechos fundamentales al cuidado, a la unidad familiar, a salud y al trabajo en condiciones dignas y justas de la accionante.

La Fiscalía General de la Nación vulneró los derechos al cuidado y a la unidad familiar de Andrea. También vulneró los derechos fundamentales a la educación inclusiva, al cuidado y a la salud de Martín

La Fiscalía actuó de manera arbitraria al no reevaluar la reubicación de la accionante, incluso después de conocer sus responsabilidades de cuidado y su condición de salud

99.            La vulneración de derechos fundamentales en el caso concreto está ligada a la emisión de la Resolución XXXXXX de 2025, que ordenó la reubicación de la accionante de Municipio A a Municipio B. A la Sala no le compete pronunciarse sobre la legalidad de la resolución, pues este asunto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por ende, el análisis realizado por esta Corporación se centrará en los efectos, en términos de vulneración de los derechos fundamentales, de: (i) el traslado de la accionante ordenado por esa resolución y, posteriormente, (ii) la decisión de la Fiscalía de no reevaluar el traslado ni considerar otro curso de acción tras conocer, mediante el recurso de reposición, las responsabilidades de cuidado y las condiciones de salud de la accionante. Asimismo, se tendrán en cuenta los impactos de esta decisión en el derecho a la educación inclusiva de su hijo.

100.       Como punto de partida, es importante señalar que, en principio, la Resolución XXXXXX de 2025, no establece de forma expresa cuáles eran las necesidades del servicio que justificaban el traslado de la accionante a Municipio B[220]. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que las decisiones sobre traslados de servidores públicos “deben ser motivadas”. Por lo tanto, se deben evaluar no solo las necesidades del servicio, sino también las circunstancias del trabajador y de su núcleo familiar[221]. Incumplir esta carga denota una actitud arbitraria de la accionada.

101.       En el recurso de reposición contra la orden de traslado, la accionante informó a la Fiscalía General sobre su condición médica y sus responsabilidades de cuidado. Pese a ello, la entidad confirmó su decisión sin evaluar posibles ajustes en su planta global que atendieran las necesidades del servicio sin afectar los derechos fundamentales de la trabajadora.102.       Posteriormente, en el trámite del proceso de tutela, la Fiscalía detalló con más argumentos cuáles fueron las razones que motivaron la decisión de traslado. Como se relató en el párrafo 9, al contestar la acción de tutela la Fiscalía señaló que el motivo del traslado fue la experiencia de la accionante en la investigación de delitos de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, su asignación a un CAVIF (Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar) contribuiría a la misionalidad de la institución.

103.       No obstante, en el expediente no existe evidencia que respalde dichas motivaciones. De hecho, las estadísticas remitidas por la Seccional de Departamento X, en respuesta al auto de pruebas decretado en sede de revisión, indican lo contrario[222]. Como lo ilustra el siguiente gráfico, las noticias criminales por violencia intrafamiliar han disminuido en Municipio B hasta 2025, mientras que en Municipio A han aumentado de forma sostenida año tras año. Por ende, bajo la lógica de la Fiscalía, la experiencia de la accionante resultaba más valiosa en Municipio A que en Municipio B. De hecho, los datos parciales de 2026, que ya superaron los de 2025, indican que las noticias criminales por el delito de violencia intrafamiliar han aumentado notablemente.

Gráfico 1 - Noticias criminales por hurto y violencia intrafamiliar en Municipio A y Municipio B (2023–2026)

104.       Además, la Fiscalía señaló que, antes de resolverse el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo, desconocía que el hijo de la accionante requería apoyos en su proceso de aprendizaje[223]. Para la Sala, este argumento resulta insuficiente para eximir a la Fiscalía General de las obligaciones que le asisten como empleadora de la señora Andrea en lo que respecta a la garantía del derecho a la unidad familiar, como se explica a continuación.105.       La jurisprudencia de esta Corporación no les ha exigido a los accionantes que solicitan la protección de su derecho a la unidad familiar la notificación previa a su empleador de las condiciones que activan dicha protección. En ese sentido, en ninguno de los casos en los que la Corte amparó los derechos (sintetizados en las tablas 3 y 4), se les exigió a los accionantes haber notificado con antelación a la entidad el hecho generador de la protección –como la situación familiar o de salud que les impedía o hacía excesivamente gravoso el traslado–, a diferencia de lo que ocurre en otros escenarios constitucionales como la estabilidad laboral reforzada.

106.       Además, la accionada debió aplicar el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, que hace parte del bloque de constitucionalidad. Esta disposición, interpretada por esta Corporación desde la perspectiva del derecho al cuidado, exige tener en cuenta las responsabilidades de cuidado de la servidora pública para tomar decisiones sobre eventos que, como el traslado, podrían afectar el cumplimiento de dichas cargas. En consecuencia, al enterarse de ellas mediante el recurso de reposición, la Fiscalía debió valorar sus circunstancias particulares y encontrar una alternativa de reubicación que no vulnerara sus derechos fundamentales.

107.       Según la información que la Fiscalía remitió al despacho sustanciador, en virtud de las pruebas decretadas en sede de revisión sobre la planta de la Seccional de Departamento X, existen indicios de traslados de personal que demuestran que la entidad tenía alternativas menos gravosas para los derechos fundamentales de la accionante y su hijo. De hecho, según esa información, desde el 1º de enero de 2025 hasta el 24 de junio de 2026 se hicieron 21 nombramientos en Municipio A en provisionalidad y en encargo, y solo seis en el CAVIF de ese municipio[224].

El traslado generó afectaciones en la salud mental de la accionante

108.       Por otra parte, el traslado implicó un deterioro de las condiciones de trabajo de la accionante. Como lo relató en el memorial remitido durante la práctica de pruebas, su calidad de vida ha disminuido: invierte gran parte de su tiempo de descanso en desplazamientos y su salud mental se ha afectado. Además, al carecer de una red de apoyo en Municipio B, debe cuidar a su hijo en la oficina mientras trabaja durante las tardes[225].

109.       Como se anticipó en la Tabla 1, el psiquiatra diagnosticó a la accionante con “trastorno de adaptación” y le prescribió 30 mg diarios de mirtazapina (un antidepresivo). Según la literatura médica, esta afección es causada por eventos estresantes y genera un nivel de angustia que deteriora la vida cotidiana de la persona[226]. De hecho, los estudios han considerado que las mudanzas o reubicaciones en general, y el traslado causado por el trabajo en particular, suelen ser neuroestresores típicos causantes del trastorno de adaptación[227].

110.       De otra parte, el deterioro en el bienestar de la accionante fue advertido por su superior jerárquica en Municipio B. Según consta en la reunión del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía celebrada el 24 de marzo de 2026, su jefa inmediata dejó expresa constancia de su preocupación por el estado de ánimo de la servidora[228].111.       La sobrecarga en las responsabilidades de cuidado que ha asumido la accionante se explica por el traslado, las necesidades de acompañamiento profesional de Martín debido a su neurodivergencia y la falta de una red de apoyo. Al respecto, la Corte advierte que el padre del niño no vive en la ciudad porque cuida a sus propios padres[229]. Aunque esto no lo exime de su deber de corresponsabilidad familiar y de participar activamente en el cuidado de su hijo[230], para la Sala Primera de Revisión este aspecto no es relevante para determinar si es necesario proteger los derechos fundamentales de la accionante. Como ya se explicó, la jurisprudencia de la Corte ha establecido que, al evaluar la vulneración del derecho a la unidad familiar por un traslado, el criterio central es si la medida generó efectos desproporcionados sobre los derechos fundamentales.

El traslado impuso una carga desproporcionada para la accionante y para su hijo

112.       El traslado de la señora Andrea alteró la logística de cuidado de su hijo. Para continuar con sus propios tratamientos médicos y las terapias del niño, la accionante se ha visto obligada a aumentar las horas dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado, desplazarse entre municipios y cuidar a su niño mientras trabaja. Como se expuso previamente, para garantizar la continuidad en los tratamientos, la accionante y su hijo se han desplazado constantemente hasta el municipio de Municipio A para recibir dichos servicios. La ciudadana asistió a 22 citas y su hijo a más de 50 desde 2024, todas ellas en Bogotá o en Municipio A[231].113.       Asimismo, la EPS Sanitas no respondió el requerimiento de la magistrada sustanciadora sobre la red que podría atender a la accionante y a su hijo en el municipio de Municipio B, a pesar de haber sido requerida[232]. Por lo tanto, la Sala aplicará la presunción de veracidad del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 respecto de los hechos señalados en la demanda de tutela sobre los que la vinculada omitió pronunciarse en el auto de pruebas proferido por el despacho sustanciador. En concreto, dicha presunción recae sobre la afirmación de la accionante acerca de la inexistencia de una red de prestadores suficiente para cubrir los servicios requeridos ante sus circunstancias particulares de salud, tal como se expuso en el párrafo 7 de esta providencia.

114.       La afectación para Martín también es significativa. A juicio de la Sala, en este caso se está tanto ante una discapacidad como ante una neurodivergencia, por las siguientes razones:

(i)               Como lo indicaron unánimemente los intervinientes, los cambios súbitos de ambiente y de rutina resultan sumamente estresantes para las personas en el espectro autista[233].

(ii)             El traslado impidió la implementación de los ajustes razonables definidos en su Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) en el colegio en el que estudiaba en Municipio A. Trasladar al estudiante de un entorno adaptado a otro sin garantías para diseñar e implementar los apoyos necesarios constituye una barrera para la pertinencia y la calidad de su proceso pedagógico.

(iii)          Como lo señaló uno de los intervinientes[234], el hecho de que la neurodivergencia específica de Martín no se hubiera identificado plenamente al momento de interponer la acción de tutela no puede ser excusa para condicionar los ajustes necesarios. Conforme al modelo social de discapacidad, y como se explicó en el párrafo 69, lo que determina dichos ajustes es la existencia de barreras.(iv)           Con posterioridad a la interposición de la tutela[235], el neuropediatra tratante del niño diagnosticó de manera concluyente que estaba en el espectro autista y, además, se fue expedido un certificado de discapacidad[236].

115.       Por lo tanto, se cumplen los requisitos que la jurisprudencia ha considerado necesarios para ordenar la suspensión del traslado por motivos de salud, pues (i) en la localidad de destino no existen las condiciones para brindar el cuidado médico requerido, (ii) la afectación a la salud de la accionante fue importante, (iii) la mudanza interrumpe el tratamiento de Martín y ha deteriorado significativamente la salud mental de la actora, y (iv) la accionante tiene el cuidado exclusivo del niño. Adicionalmente, se encontró probado un nexo de causalidad entre la reubicación y la vulneración del derecho a la salud de la accionante y de su hijo[237].

116.       En consecuencia, la Sala Primera de Revisión suspenderá los efectos del acto administrativo que reubicó a la accionante en Municipio B, hasta que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo decida de fondo y en firme sobre su legalidad. La Corte otorgará el término de quince (15) días para que la accionante y la Fiscalía lleguen a un acuerdo sobre los términos de la suspensión del traslado, como se explica a continuación.117.       El acuerdo debe incluir las condiciones de modo, tiempo y lugar del traslado a Municipio A o a un municipio cercano y constar en un acto administrativo. La Fiscalía deberá informar a la accionante sobre las vacantes disponibles en esos municipios para cargos similares o superiores al suyo y darle preferencia para el traslado. Durante el proceso de traslado, la entidad evaluará la posibilidad de que la accionante cumpla sus funciones mediante teletrabajo o trabajo en casa, si ella lo desea. Además, la Fiscalía remitirá los actos administrativos expedidos en virtud de estos acuerdos al juzgado de primera instancia, el cual velará por su cumplimiento. Hasta que las partes logren un acuerdo, la entidad no podrá modificar las condiciones de modo, tiempo y lugar de trabajo de la accionante.118.       Como se indicó en las tablas 3 y 4, el remedio judicial habitual de la Corte es dejar sin efectos la orden de traslado. Sin embargo, por las particularidades de este caso, la Corte consideró más apropiado que las partes lleguen a un acuerdo, en los términos descritos anteriormente. La Sala aplicó una perspectiva de género y valoró el interés superior de las niñas, niños y adolescentes[238]. Así, determinó que esta medida evita una mayor afectación de los derechos de los accionantes y atiende de mejor forma sus necesidades. Un nuevo traslado repentino y ordenado automáticamente por este Tribunal aumentaría las responsabilidades de la trabajadora. Esta decisión implicaría mudarse en poco tiempo, entregar un despacho, recibir otro y asegurar un cupo escolar a mitad de año. Además, interrumpiría de manera abrupta el proceso educativo del niño. De otra parte, este remedio también permite que no se vean afectados los derechos de terceros interesados, como el señor Pedro, así como de los ciudadanos que participaron del concurso de méritos realizado por la Fiscalía General de la Nación durante 2024. No obstante, si no es posible llegar a un acuerdo en tres meses, la Fiscalía deberá realizar el traslado de forma automática dentro de los 15 días hábiles siguientes, conforme al remedio habitual.

119.       Asimismo, la Corte ordenará a EPS Sanitas que: (i) informe a la accionante, de manera clara y por escrito, la red de instituciones prestadoras de salud disponible cerca de Municipio B para los servicios que ella y su hijo suelen requerir; (ii) garantice la continuidad y el acceso efectivo a dichos servicios médicos y terapéuticos; y (iii) adopte las medidas necesarias para que los servicios sean prestados en un municipio cercano, en caso de que no se cuente con instituciones en Municipio B.La Fiscalía General de la Nación y la Compañía de Seguros Positiva vulneraron los derechos fundamentales a la salud y al trabajo en condiciones dignas y justas de la accionante por carecer de mecanismos eficaces de prevención de riesgos psicosociales

120.       La Sala no se pronunciará sobre la presunta existencia de acoso laboral, sobre la cual la actora no formuló una petición específica al juez de tutela. Las quejas de la accionante fueron remitidas a la autoridad competente, según la Ley 1010 de 2006, y su trámite está en curso[239]. Por lo tanto, el análisis se centrará en las recomendaciones médicas y en la prevención de riesgos psicosociales. Esta prevención corresponde a la Fiscalía General, como empleadora, y a la Compañía Positiva de Seguros, como administradora de riesgos laborales.

121.       La accionante ha recibido recomendaciones médicas tanto por el cuadro de la epicondilitis como por salud mental. Respecto de las primeras, en la resolución que resolvió negativamente el recurso de reposición contra el traslado, la Fiscalía señaló que las recomendaciones no eran vinculantes hasta que la ARL se pronunciara sobre ellas. Esta afirmación, que traslada la responsabilidad a la ARL, no es de recibo. El artículo 8 de la Ley 776 de 2002 señala que son empleadores quienes tienen el deber de reubicar a los trabajadores o de asignarles “un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes”.122.       En un precedente reciente y relevante para este caso, la Sentencia T-115 de 2025, la Corte conoció un proceso en contra de la Fiscalía General de la Nación. El accionante era un fiscal especializado que, tras ser trasladado de Cali a Pasto y, luego, a Popayán, había perdido la posibilidad de compartir con su familia. Además, la intensa carga de trabajo le causó “trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno del sueño, trastorno de adaptación, trastorno de ansiedad generalizada [y] problemas relacionados con el estrés”. La Corte consideró que “la Fiscalía General de la Nación, al no valorar y efectuar ajustes a la carga laboral del actor conforme a las recomendaciones médicas y a su situación de salud plenamente diagnosticada, desconoció sus derechos fundamentales a la salud mental y al trabajo digno”.

123.       Las mismas afirmaciones se pueden hacer respecto de las segundas recomendaciones médicas emitidas recientemente tras el traslado. Como se señaló en la Sentencia T-115 de 2025, la Fiscalía General de la Nación tenía el deber de “no solo identificar, sino atender y prevenir efectivamente los riesgos psicosociales a los que concretamente se ve expuesto el accionante, derivados de su [...] salud mental”. Como se indicó en la reunión de seguimiento y socialización de medidas de salud, realizada virtualmente el 24 de marzo de 2026, las recomendaciones de higiene postural o los permisos ocasionales no eran suficientes para atender los riesgos psicosociales de la accionante. En esa diligencia se concluyó que “[l]a solución de fondo requiere una decisión de nivel directivo, se concluye que es pertinente el envío de solicitudes formales, soportes médicos y actas por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la eventual articulación con instancias administrativas superiores, para lograr una solución efectiva”[240]. Ante la falla de los mecanismos institucionales, la justicia debe intervenir.124.       Ahora bien, la Sala Primera de Revisión considera que el análisis de los riesgos psicosociales en el trabajo debe hacerse desde una perspectiva de género. La evidencia empírica señala que el género funciona como un determinante social e institucional clave. Este moldea la exposición, la experiencia y las consecuencias de estos riesgos en el entorno laboral[241]. Las mujeres tienden a estar expuestas, en mayor medida que los hombres, a demandas emocionales, así como al acoso y a la discriminación[242]. Este efecto es particularmente notable en las mujeres activas en el mercado laboral que, al mismo tiempo, asumen responsabilidades de cuidado. En estos casos, experimentan un rápido agotamiento de sus recursos personales, como el tiempo y la energía, lo cual deteriora su salud mental[243]. Por esta razón, el parágrafo del artículo 9 de la Ley 1616 de 2013 establece que los lineamientos técnicos para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosociales laborales que puedan afectar la salud mental de las mujeres deben actualizarse dando prioridad a las mujeres (en especial a las víctimas de violencia) y a las personas con discapacidad.

125.       En consecuencia, la Corte también ordenará a la Fiscalía General de la Nación que (i) evalúe la carga de trabajo de la accionante y (ii) establezca los ajustes razonables que ella requiere para desempeñar sus funciones en condiciones dignas y justas. En particular, según lo formulado por su psiquiatra, la señora Andrea deberá tener, por lo menos, las siguientes garantías: (i) no prestar turnos nocturnos, (ii) asistir a sus citas de psicología y psiquiatría, y (iii) poder llevar a su hijo a las terapias y tratamientos necesarios.126.       Para el diseño e implementación de los ajustes razonables ordenados, la entidad accionada deberá aplicar un enfoque diferencial de género y observar, como mínimo, los siguientes criterios: (i) valorar el impacto de los riesgos psicosociales intrínsecos y extrínsecos a los que está expuesta la accionante en su calidad de cuidadora principal; (ii) considerar de manera particular las exigencias de cuidado que requiere Martín en virtud de su neurodivergencia; (iii) dimensionar el desgaste emocional que supone para la trabajadora asumir estas cargas con sin una red notable de apoyo; (iv) garantizar la participación activa y directa de la accionante en la definición de las medidas; y (v) permitir el acompañamiento de la organización sindical a la que pertenezca la trabajadora, siempre y cuando ella emita su autorización expresa para tal fin[244]. También se instará a la Fiscalía para realizar un diálogo interno con sus funcionarios sobre la importancia de la prevención de riesgos psicosociales, en particular, respecto de aquellos trabajadores con responsabilidades de cuidado[245].

127.       Como se señaló en el párrafo 28, las leyes 1616 de 2013 y 2460 de 2025 les atribuyen a las administradoras de riesgos laborales obligaciones de prevención y de monitoreo de los riesgos psicosociales, en general, y de la salud mental, en particular. Sin embargo, los hechos probados indican que estos mecanismos no han sido suficientes para prevenir importantes afectaciones a la salud mental de la accionante. Por lo tanto, para subsanar esas omisiones en su función preventiva, la Sala ordenará a la Compañía Positiva de Seguros (i) acompañar a la Fiscalía en el establecimiento de estas medidas con enfoque diferencial de género, y (ii) formular un plan para fortalecer las acciones de prevención, sensibilización, orientación y control de los factores de riesgos psicosociales en dicha entidad durante el año siguiente a la notificación de esta decisión.

III.           DECISIÓN128.       En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Primero. REVOCAR el fallo proferido el 13 de noviembre de 2025 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Departamento X , que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, MODIFICAR el fallo del 29 de septiembre de 2025 por el Juzgado 001 Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Municipio A (Departamento X), en los términos de las órdenes siguientes.

Segundo. AMPARAR transitoriamente, para evitar un perjuicio irremediable, los derechos fundamentales al cuidado y a la unidad familiar de Andrea y de Martín, vulnerados por la Fiscalía General de la Nación. Esta protección regirá hasta que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resuelva de fondo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o hasta que ese proceso termine de manera anormal, de conformidad con el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. AMPARAR de manera definitiva los derechos fundamentales a la salud, en su componente de salud mental, y al trabajo en condiciones dignas y justas de Andrea, vulnerados por la Fiscalía General de la Nación; así como el derecho a la salud de Andrea y Martín, vulnerado por la EPS Sanitas.

Cuarto. DEJAR SIN EFECTOS, de manera transitoria y únicamente en lo que respecta a la accionante, la Resolución XXXXXX del 4 de agosto de 2025. En su lugar, ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación que reubique a Andrea en un cargo de igual o superior denominación, jerarquía y remuneración en el municipio de Municipio A o en un municipio cercano, conforme a los siguientes lineamientos:

(i)               Las condiciones de modo, trabajo y lugar de la accionante no podrán ser modificadas hasta que se llegue a un acuerdo con ella, salvo lo señalado en el literal (vi) de esta orden;(ii)             Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, la entidad concertará con la accionante las condiciones de modo, tiempo y lugar del retorno, procurando que se materialice al término del periodo académico en curso del niño y sin que ello implique un incremento de su carga de trabajo o de sus responsabilidades cuidado;

(iii)          Mientras el retorno se materializa, la entidad evaluará y, de ser compatible con las funciones del cargo, autorizará el trabajo remoto o el teletrabajo, si la accionante lo solicita;

(iv)           La entidad informará a la accionante sobre las vacantes que se produzcan en Municipio A y municipios cercanos, y le dará preferencia para ocuparlas;

(v)             Los acuerdos realizados deberán materializarse en la emisión de un acto administrativo.

(vi)           Si transcurridos tres meses desde la notificación no se ha logrado el acuerdo o no se ha materializado la reubicación, la Fiscalía deberá efectuarla de oficio dentro de los quince días hábiles siguientes;

(vii)        La Fiscalía General de la Nación deberá remitir copia de los actos administrativos que contengan el acuerdo o que ejecuten alguna de las medidas en ellos contenidas al Juzgado 001 Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Municipio A (Departamento X). Ese despacho deberá verificar su cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia, conforme a los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.

(viii)      Esta orden no altera la situación administrativa del señor Pedro y opera sin perjuicio de los derechos de quienes integran la lista de elegibles del Concurso de Méritos FGN 2024.

Quinto. COMUNICAR esta providencia al Juzgado XXX Administrativo de Municipio G, para lo de su competencia dentro del proceso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y precisar que las órdenes aquí impartidas no prejuzgan sobre la legalidad de la Resolución XXXXXX del 4 de agosto de 2025.Sexto. ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación que, en coordinación con la Administradora de Riesgos Laborales Positiva Compañía de Seguros y, dentro del mes siguiente a la notificación de esta providencia, valore la carga laboral de la accionante y concrete los ajustes necesarios para el cumplimiento de sus recomendaciones médicas. Como mínimo deberá garantizarse que (i) no preste turnos nocturnos, (ii) pueda asistir a sus citas de psicología y psiquiatría y (iii) pueda acompañar a su hijo a las terapias y tratamientos ordenados. La definición e implementación de los ajustes se hará con enfoque de género, con participación activa y directa de la accionante y, si ella lo autoriza, con acompañamiento de la organización sindical a la que pertenezca. La entidad y la ARL adelantarán acciones de monitoreo y seguimiento durante los seis meses siguientes a su adopción.

Séptimo. ORDENAR a Positiva Compañía de Seguros S.A., que en los términos del artículo 9.º de la Ley 1616 de 2013:

(i)               Acompañar a la Fiscalía General de la Nación en el cumplimiento de lo dispuesto en la séptima orden de esta providencia, apoyando la valoración e implementación de dichas medidas.

(ii)             Dentro del mes siguiente a la notificación de este fallo, presente un plan de acción para ejecutar en el término de un año, orientado a identificar las oportunidades de mejora y fortalecer la prevención, la sensibilización, la orientación y el control de factores de riesgo psicosocial de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, haciendo énfasis en aquellos relacionados con la salud mental.

Octavo. INSTAR a la Fiscalía General de la Nación para que adelante un diálogo interno orientado a sensibilizar a sus servidores sobre la importancia de prevenir, identificar y atender oportunamente los riesgos psicosociales, con particular atención a la situación de quienes tienen responsabilidades familiares de cuidado.

Noveno. ORDENAR a EPS Sanitas que:(i)               Dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe a la accionante, de forma clara y por escrito, sobre la red de instituciones prestadoras de salud disponibles en Municipio B y le precise a cuáles lugares pueden acudir ella y su hijo para obtener los servicios de urgencias y los demás requeridos durante los últimos dos años.

(ii)             Garantice a la señora Andrea y a su hijo la continuidad y el acceso efectivo a dichos servicios médicos y terapéuticos.

(iii)          Adopte las medidas necesarias para que los servicios sean prestados en un municipio cercano, en caso de que no se cuente con instituciones en Municipio B.

Décimo. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

[1] Corte Constitucional, Acuerdo 05 de 2025.

[2] Expediente digital, archivo “002EscritoTutela (3).pdf”, pp. 1-42.

[3] Expediente digital, archivo “003Anexo.pdf”, pp. 1-3.

[4] Expediente digital, archivo “004Anexo.pdf”, p. 2.

[5] Ibid., p. 4.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid., pp. 12-15.

[9] Ibid., pp. 2-4.

[10] Ibid., p. 30.

[11] Ibid., p. 40.

[12] Ibid., p. 58.

[13] Ibid.

[14] Expediente digital, archivo “002EscritoTutela (3).pdf”, p. 31.

[15] Ibid.

[16] Ibid., p. 11.

[17] Ibid., p. 11.

[18] Ibid., p. 14.

[19] Expediente digital, archivo “020FalloTutela20250929.pdf”.

[20] Expediente digital, archivo “020FalloTutela20250929.pdf”, p. 5.

[21] Ibid., p. 6.

[22] Ibid., p. 8.

[23] Expediente digital, archivo “023ImpugnacionTutela20251001.pdf”, p. 7.

[24] Ibid., p. 7.

[25] Expediente digital, archivo “12DecisionTutelaSegundaInstancia.pdf”.

[26] Ibid.

[27] Expediente digital, archivo “001 SALA 4 - AUTO SALA DE SELECCION 30-ABRIL-2026 NOTIFICADO 15-MAYO-2026.pdf”.[28] Expediente digital, archivo “003_Informe_Reparto_Sala_de_Seleccion_Auto_30-Abr-2026.pdf”.

[29] Expediente digital, archivo “04Expediente_T-11903838_-_Auto_de_pruebas_-_VF.pdf”.

[30] Mediante auto del 6 de julio de 2026, la magistrada sustanciadora requirió a la Fiscalía General de la Nación, a la EPS Sanitas y a la ARL Positiva Compañía de Seguros que remitieran las pruebas solicitadas.

[31] Expediente digital, “4.6Correo24Jun-26ANDREA.pdf”.

[32] Ibid., p. 9.

[33] Ibid., p. 69.

[34] Ibid., p. 7.

[35] Ibid., p. 64.

[36] Ibid., p. 62.

[37] Ibid., pp. 60-61.

[38] Número único de radicado del proceso: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

[39] Expediente digital, “4.28Correo15Jul-26Andrea.pdf”.

[40] Suscrito por Rodrigo.

[41] Expediente digital, “4.7Correo24Jun-26Fiscalia.pdf”.

[42] Ibid., p. 19.

[43] Ibid., p. 20.

[44] Escrito suscrito por Piedad.

[45] Expediente digital, “4.20Correo10Jul-26Fiscalia_General_de_la_Nacion.pdf”.

[46] Expediente digital, “4.22Correo10Jul-26Fiscalia_General_de_la_Nacion.pdf”, p. 6

[47] Expediente digital, “4.21Correo10Jul-26Fiscalia_General_de_la_Nacion.pdf”, p. 9.

[48] Expediente digital, “4.22Correo10Jul-26Fiscalia_General_de_la_Nacion.pdf”, p. 6

[49] Escrito suscrito por José Ignacio Angulo Murillo.

[50] Expediente digital, “4.22Correo10Jul-26Fiscalia_General_de_la_Nacion.pdf”.

[51] Expediente digital, “4.4Correo22Jun-26Fiscal_MunicipioA.pdf”.

[52] Expediente digital, “4.26Correo15Jul-26EPS Sanitas S.A.S.pdf”. Escrito suscrito por Jerson Eduardo Flórez Ortega.

[53] Expediente digital, “4.29Correo15Jul-26Positiva.pdf”.

[54] Escrito suscrito por Carlos E. Mendoza Buitrago.

[55] Expediente digital, “4.3IPS1.zip”, archivo “4.3Correo18Jun-26IPS1.pdf”, p. 10.62

[56] Ibid.

[57] Ibid.

[58] Escrito suscrito por Alejandro Reyes Leguizamón.

[59] Expediente digital, “4.2Correo18Jun-26Policia_MunicipioA.pdf”, p. 4.

[60] Expediente digital, “4.8Correo24Jun-26Victoria.pdf”.

[61] Ibid., p. 6.

[62] Ibid., p. 6.[63] Escrito suscrito por María Lucía Torres Villareal, María Alejandra Vargas Corredor, María Mercedes Daza Velásquez, Isabella Castellanos Cifuentes y Camilo Quimbayo Bravo.

[64] Expediente digital, “4.11Correo01Jul-26Grupo_Acciones_Publicas.pdf”, p. 14.

[65] Ibid., p. 7.

[66] Ibid., p. 7.

[67] Ibid., p. 9.

[68] Ibid., p. 9.

[69] Ibid., p. 11.

[70] Ibid., p. 11.

[71] Escrito suscrito por Irma Lozano Santiesteban.

[72] Expediente digital, “4.10Correo30Jun-26-APA.pdf”, p. 7.

[73] Ibid., p. 8.

[74] Ibid., p. 9.

[75] Ibid., p. 9.

[76] Escrito suscrito por Tary Cuyana Garzón Landínez.

[77] Expediente digital, “4.13Correo02Jul-26Universidad_Militar.pdf”, p. 6.

[78] Ibid., p. 6.

[79] Ibid., p. 8.

[80] Escrito suscrito por Diana Ximena González Sánchez.

[81] Expediente digital, “4.15Correo02Jul-26GAPI_ICESI.pdf”, p. 4.

[82] Ibid., p. 5.

[83] Ibid., p. 6.

[84] Ibid., p. 8.

[85] Ibid., p. 8.

[86] Ibid., p. 9.

[87] Escrito suscrito por Natalia Ramírez Bustamante y Paola Andrea Camelo Urrego.

[88] Expediente digital, “4.12Correo01Jul-26Natalia_Ramirez.pdf”, p. 7.

[89] Ibid., p. 8.

[90] Ibid., p. 8.

[91] Escrito suscrito por Norma Constanza Sánchez Camargo.

[92] Expediente digital, “4.18Correo02Jul-26Fundacion_Saldarriaga_Concha.pdf”, p. 5.

[93] Ibid., p. 5.

[94] Escrito suscrito por Mónica Alexandra Cortés Áviles.

[95] Expediente digital, “4.16Correo02Jul-26Asdown_Colombia.pdf”, p. 4.

[96] Ibid., p. 7.

[97] Ibid., p. 5.

[98] Ibid., p. 5.

[99] Ibid., p. 5.

[100] Ibid., p. 5.

[101] Ibid., p. 6.

[102] Escrito suscrito por Federico Isaza Piedrahita, Nicole Daniela Meneses Márquez, Keidy Verónica Romaña Moreno y Leslie Milena Mindiola Contreras.

[103] Expediente digital, “4.17Correo02Jul-26PAIIS_Uniandes.pdf”, p. 7.

[104] Ibid., p. 7.

[105] Ibid., p. 8.

[106] Ibid., p. 9.

[107] Ibid., pp. 9-10.

[108] Ibid., p. 10.

[109] Ibid., p. 11.

[110] Ibid., p. 11.

[111] Ibid., p. 11.

[112] Escrito suscrito por Edith Betty Roncancio Morales.[113] Expediente digital, “4.19Correo06Jul-26Liga_Colombiana_Autismo.pdf”, p. 3.

[114] Ibid., p. 4.

[115] Ibid., p. 4.

[116] Ibid., p. 4.

[117] Ibid., p. 5.

[118] Ibid., p. 5.

[119] Sentencia SU-150 de 2021.

[120] Decreto Ley 2591 de 1991, art. 10; Corte Constitucional, Sentencia T-027 de 2019.

[121] Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 2021.

[122] Corte Constitucional, Sentencia T-490 de 2020.

[123] Decreto Ley 1295 de 1994, artículo 12.

[124] Corte Constitucional, Sentencia T-334 de 2025.

[125] Ley 1616 de 2013 “Ley de salud mental”. Artículo 9.

[126] Corte Constitucional, Sentencia SU-087 de 2025.

[127] Corte Constitucional, Sentencia SU-116 de 2018.

[128] Corte Constitucional, Sentencia SU-328 de 2025.

[129] Corte Constitucional, Sentencia T-229 de 2025.

[130] Corte Constitucional, Sentencia T-531 de 2019.

[131] Ibid.

[132] Corte Constitucional, Sentencia T-348 de 2018.

[133] Corte Constitucional, Sentencia T-002 de 2025.

[134] Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2022, T-252 de 2021 y T-468 de 2020.

[135] Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2024.

[136] Fuente: Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2024. Estas subreglas han sido reiteradas en las sentencias T-192 de 2024, T-302 de 2024, T-403 de 2024 y T-524 de 2025.

[137] Expediente digital, “4.15Correo02Jul-26GAPI_ICESI.pdf”.

[138] En el siguiente acápite se reiteran varias consideraciones de la Sentencia T-001 de 2024.

[139] Corte Constitucional, Sentencia T-136 de 2023. En esta providencia se hace referencia a las sentencias T-095 de 2018 y T-543 de 2009.

[140] Corte Constitucional, Sentencia T-682 de 2014, reiterada en las sentencias T-391 de 2021 y T-363 de 2022.

[141] Corte Constitucional, Sentencia T-363 de 2022, que cita la Sentencia C-096 de 2007.

[142] Corte Constitucional, Sentencia T-363 de 2022.

[143] Corte Constitucional, Sentencia T-136 de 2023, que hace referencia a la Sentencia T-468 de 2020.[144] Corte Constitucional, Sentencia C-443 de 1997, citada en la Sentencia T-363 de 2022.

[145] Corte Constitucional, Sentencia T-136 de 2023, que hace referencia a la Sentencia T-149 de 2022.

[146] Por ejemplo, ha conocido tutelas interpuestas por empleados públicos para solicitar su traslado o impedirlo, como: (i) docentes (sentencias T-070 de 2023, T-007 de 2019, T-308 de 2015, T-210 de 2014, T-561 de 2013, T-247 de 2012 y T-653 de 2011); (ii) funcionarios del Inpec (sentencias T-136 de 2023, T-149 de 2022, T-468 de 2020, T-425 de 2015, T-095 de 2013 y T-777 de 2012); (iii) personas vinculadas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional (sentencias T-363 de 2022, T-252 de 2021, T-175 de 2016 y T-060 de 2015); (iv) funcionarios de la rama judicial (sentencias T-302 de 2019, T-159 de 2017, T-081A de 2017, T-325 de 2010 y T-1010 de 2007); (v) funcionarios de la Fiscalía General de la Nación (sentencias T-565 de 2014 y T-338 de 2013); (vi) funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Sentencia T-572B de 2014), y (vii) funcionarios de la DIAN (Sentencia T-778 de 2012).

[147] Algunas de las consideraciones sobre este derecho fueron tomadas de las sentencias T-070 de 2023 y T-308 de 2015.

[148] Véanse, por ejemplo, las sentencias T-070 de 2023, T-308 de 2015, T-165 de 2014, T-561 de 2013 y T-247 de 2012.

[149] Decreto 2591 de 1991, art. 6, num. 1.

[150] Las consideraciones de esta subsección fueron tomadas principalmente de las sentencias T-088 de 2026 y T-090 de 2026.

[151] Corte Constitucional, sentencias T-343 de 2025, C-400 de 2024, T-319 de 2025 y SU-466 de 2025.

[152] El carácter fundamental del derecho al cuidado ha sido desarrollado por esta Corporación en las sentencias C-400 de 2024 (ff. jj. 121-146), T-498 de 2024 (ff. jj. 186-191) y SU-466 de 2025 (f. j. 137).

[153] Corte Constitucional, Sentencia SU-466 de 2025.

[154] Corte Constitucional, sentencias T-583 de 2023, T-011 de 2025, T-319 de 2025 y SU-466 de 2025.[155] Corte Constitucional, sentencias T-583 de 2023 y C-400 de 2024.

[156] Corte IDH. Opinión Consultiva N.º 31, párr. 173.

[157] Expediente digital, “4.13Correo02Jul-26Universidad_Militar.pdf”.

[158] Corte Constitucional, Sentencia C-269 de 2025.

[159] Corte Constitucional, sentencias T-011 de 2025 y T-124 de 2025.

[160] Corte Constitucional, Sentencia T-011 de 2025.

[161] Pierre Gérain y Emmanuelle Zech, "Informal Caregiver Burnout? Development of a Theoretical Framework to Understand the Impact of Caregiving", National Library of Medicine, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31428015/ (referenciado en: Corte Constitucional, Sentencia T-447 de 2023).

[162] Corte Constitucional, Sentencia SU-466 de 2025.

[163] Expediente digital, “4.12Correo01Jul-26Natalia_Ramirez.pdf”.

[164] Natalia Ramírez-Bustamante y Paola Camelo-Urrego, “Ella es totalmente dependiente de mí”. Experiencias de mujeres cuidadoras de personas con discapacidad en Bogotá (Quanta - Cuidado y Género, 2022). https://cuidadoygenero.org/wp-content/uploads/2022/07/Mujeres-cuidadoras-personas-discapacidad.pdf.

[165] Ibid.

[166] Ibid.

[167] Corte Constitucional, Sentencia SU-466 de 2025.

[168] Corte Constitucional, sentencias T-343 de 2025, T-319 de 2025 y SU-466 de 2025.

[169] Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, artículo 1, aprobado por la Ley 2305 de 2023.

[170] Eve C. Landau y Yves Beigbeder, From ILO Standards to EU Law: The Case of Equality between Men and Women at Work (Brill | Nijhoff, 2008), https://doi.org/10.1163/ej.9789004157187.i-340.

[171] Ibíd., art. 4.

[172] Eileen Boris, “Indispensable to All Working Women and to Mothers in the Home. Global Labor Standards and the Quest for Social Justice, 1919-2019”, en Revista Latinoamericana de Trabajo y Trabajadores, No. 2 (2025): 93-106. https://doi.org/10.48038/revlatt.n2.35.

[173] Expediente digital, “4.13Correo02Jul-26Universidad_Militar.pdf”.

[174] Ibid.[175] Corte Constitucional, Sentencia C-187 de 2024.

[176] Corte Constitucional, Sentencia C-331 de 2023.

[177] Varias de las consideraciones de esta subsección fueron tomadas de la sentencia T-182 de 2026.

[178] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, preámbulo, literal e, aprobada por la Ley 1346 de 2009. Declarada exequible en la Corte Constitucional, Sentencia C-293 de 2010. Sobre el cambio de paradigma del modelo “médico-rehabilitador” al modelo “social”, véase Corte Constitucional, Sentencia T-425 de 2022. Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-487 de 2007, T-124 de 2020 y T-279 de 2023.

[179] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 1, inciso 2. En el mismo sentido, Ley Estatutaria 1618 de 2013, artículo 2, numeral 1. Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-425 de 2022 y T-279 de 2023.

[180] Corte Constitucional, sentencias T-425 de 2022 y T-279 de 2023, en las que se reitera que “no son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la propia sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas en condición de discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2021.

[181] Corte Constitucional, Sentencia C-458 de 2015. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-043 de 2017, C-042 de 2017 y T-432 de 2021. En el plano convencional, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4.1, literales a, b y f.

[182] Expediente digital, “4.17Correo02Jul-26PAIIS_Uniandes.pdf”.

[183] Melissa Stefania Cruz Puerto y María Sandín Vázquez, “Neurodiversidad, discapacidad y enfoque social”. En Revista Española de Discapacidad, Vol. 12, No. 1 (2024): 213-222. https://doi.org/10.5569/2340-5104.12.01.11.[184] Henry Angulo, Michelle Chan y Laura DeThorne, “Life Is a Stage: Autistic Perspectives on Neurotypicality”, Autism in Adulthood 1, n.º 4 (diciembre de 2019): 276-285, https://doi.org/10.1089/aut.2019.0024.

[185] Anna Stenning y Hanna Bertilsdotter Rosqvist, “Neurodiversity Studies: Mapping out Possibilities of a New Critical Paradigm”, Disability & Society 36, n.º 9 (octubre de 2021): 1532-1537, https://doi.org/10.1080/09687599.2021.1919503.

[186] Intervención del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) de la Universidad de los Andes, 4.

[187] Corte Constitucional, Sentencia SU-512 de 2024.

[188] Ibid.

[189] Varias de las consideraciones de esta subsección fueron tomadas de las sentencias T-070 de 2024, T-261 de 2024 y T-494 de 2024.

[190] Corte Constitucional, Sentencia T-207 de 2018.

[191] Corte Constitucional, Sentencia C-547 de 1994.

[192] Corte Constitucional, Sentencia T-085 de 2023.

[193] Corte Constitucional, Sentencia T-009 de 2024.

[194] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All, p. 15.

[195] Corte Constitucional, sentencias T-390 de 2011, T-120 de 2019 y T-287 de 2020.

[196] Tomoya Hirota y Bryan H. King, “Autism Spectrum Disorder: A Review”, JAMA 329, n.º 2 (enero de 2023): 157, https://doi.org/10.1001/jama.2022.23661.

[197] Corte Constitucional, sentencias T-021 de 2024 y T-070 de 2024.

[198] Expediente digital, “4.15Correo02Jul-26GAPI_ICESI.pdf”.

[199] Ibid., 4.

[200] Fundación Saldarriaga Concha y Laboratorio para la Economía de la Educación, La educación en Colombia para población con discapacidad: realidades y retos (Bogotá D.C., 2023), https://www.saldarriagaconcha.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-Marzo-EducacionCO ParaPersonasConDiscapacidad_RealidadesyRetos.pdf.[201] Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Informe sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Colombia. 2025, https://sites.google.com/site/coalicionconvencion/informes-elaborados-por-la-coalición/informe-alterno-comité-derechos-del-niño-2025?authuser=0.

[202] Este acápite reitera las consideraciones de la Sentencia T-115 de 2025.

[203] Corte Constitucional, sentencias T-084 de 1994, T-882 de 2006 y T-007 de 2019, entre otras.

[204] Corte Constitucional, Sentencia T-265 de 2024.

[205] Corte Constitucional, Sentencia C-930 de 2009, reiterada por la Sentencia C-212 de 2022.

[206] Corte Constitucional, Sentencia T-265 de 2024.

[207] Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2008.

[208] Corte Constitucional, sentencias T-409 de 2000, T-1005 de 2004, T-1019 de 2004, T-464A de 2006, T-760 de 2007, T-001 de 2021, T-291 de 2021 y T-135 de 2023, entre otras.

[209] Corte Constitucional, Sentencia T-065 de 2024, reiterada por la Sentencia T-236 de 2024.

[210] Organización Internacional del Trabajo (OIT). Factores psicosociales en el trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención. Informe del comité mixto OIT-OMS sobre medicina del trabajo, 1986. Disponible en: https://ilo.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay/alma992485103402676/41ILO_INST:41ILO_V2.

[211] Organización Internacional del Trabajo – OIT. (2016) Boletín Internacional de Investigación Sindical: Riesgos psicosociales, estrés y violencia en el mundo del trabajo. Vol. 8, núm. 1-2, pág. 13. Disponible en: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/publication/wcms_553931.pdf.[212] Ministerio de la Protección Social. Resolución 2646 de 2008 “Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional”.

[213] Ibid., art. 5.

[214] Ibid., arts. 6-12.

[215] Ibid., arts. 6-12.

[216] Ley 1616 de 2013 “Ley de salud mental”, artículo 9.

[217] Ibid.

[218] Corte Constitucional, sentencias T-248 de 1998, T-1019 de 2004 y T-760 de 2007, entre otras.

[219] Corte Constitucional, Sentencia SU-296 de 2023.

[220] Expediente digital, archivo “003Anexo.pdf”, pp. 1-3.

[221] Corte Constitucional, Sentencia T-075 de 2017.

[222] Expediente digital, archivo “4.7Correo24Jun-26Fiscalia.pdf”, pp. 11-16.

[223] Ibid.

[224] Ibid., pp. 12-13.

[225] Expediente digital, “4.6Correo24Jun-26ANDREA.pdf”.

[226] Rahel Bachem y Patricia Casey, “Adjustment Disorder: A Diagnosis Whose Time Has Come”. En Journal of Affective Disorders, Vol. 227 (2018): 243-253. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.10.034.

[227] Andreas Maercker et al., “Adjustment Disorders: Prevalence in a Representative Nationwide Survey in Germany”, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 47, núm. 11 (noviembre de 2012): 1745–52, https://doi.org/10.1007/s00127-012-0493-x; Ricci Yue y Bobo H. P. Lau, “The Pains amidst Starting a New Life: Investigating Adjustment Disorder in Hong Kong Migrants’ Transition to the UK”, Scientific Reports 15, núm. 1 (noviembre de 2025): 40545, https://doi.org/10.1038/s41598-025-24311-1; Tarık Sağlam, “Early maladaptive schemas, coping strategies, and functional impairments in individuals with adjustment disorder during compulsory military service: a comparison with healthy controls”, Frontiers in Psychiatry 16 (julio de 2025): 1619638, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2025.1619638.[228] Expediente digital, “4.6Correo24Jun-26ANDREA.pdf”, pp. 54-61.

[229] Tabla 1. Intervenciones en sede de revisión.

[230] Corte Constitucional, Sentencia T-090 de 2026.

[231] Véase Tabla 1. Intervenciones en sede de revisión.

[232] Ibid.

[233] Garrett Cardon y Mollie Bradley, “Uncertainty, Sensory Processing, and Stress in Autistic Children during the COVID-19 Pandemic”, en Research in Autism Spectrum Disorders, Vol. 106 (2023): 102202. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2023.102202.

[234] Expediente digital, “4.11Correo01Jul-26Grupo_Acciones_Publicas.pdf”.

[235] Tabla 1. Intervenciones en sede de revisión.

[236] Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 113 de 2020 “Por la cual se dictan disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad”. Artículo 4.

[237] Corte Constitucional, sentencias T-029 de 2010 y T-105 de 2024.

[238] Constitución Política, art. 44.

[239] Expediente digital, “4.21Correo10Jul-26Fiscalia_General_de_la_Nacion.pdf”, p. 9.

[240] Expediente digital, “4.6Correo24Jun-26ANDREA.pdf”, pp. 60-61.

[241] Katherine Lippel, “Workers’ Compensation and Stress”, International Journal of Law and Psychiatry 22, núm. 1 (enero de 1999): 79–89, https://doi.org/10.1016/S0160-2527(98)00019-3.

[242] Abel Perez-Gonzalez et al., "Gender Diversity and Psychosocial Work Risks from a Non-Binary Perspective: A Systematic Review", en Merits, Vol. 6, No. 1 (2026): 6. https://doi.org/10.3390/merits6010006.

[243] Alper Kayaalp, Kyle J. Page y Kathleen M. Rospenda, "Caregiver Burden, Work-Family Conflict, Family-Work Conflict, and Mental Health of Caregivers: A Mediational Longitudinal Study", en Work & Stress, Vol. 35, No. 3 (2021): 217-40. https://doi.org/10.1080/02678373.2020.1832609.

[244] Código Sustantivo del Trabajo, art. 357.

[245] Corte Constitucional, Sentencia T-115 de 2025.

Fuente oficial: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2026/T-288-26.htm